Los principales gremios empresariales del país han encendido las alarmas frente a la propuesta de establecer un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Organizaciones como Fenalco, AmCham Colombia, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco advierten que la medida podría comprometer la sostenibilidad financiera de muchas compañías.
Según cálculos del sector privado, las mil empresas más grandes del país asumirían una carga fiscal adicional que podría llegar hasta los $9,9 billones. Por ejemplo, en actividades como los hidrocarburos, el impacto sería particularmente significativo: el impuesto equivaldría a cerca del 50 % de la inversión en exploración proyectada para 2025.
El presidente de la ACP, Frank Pearl, señaló que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, especialmente con una tarifa diferencial de 1,6% para el sector minero-energético, más de tres veces superior a la aplicada a otros sectores, enviaría una señal negativa para la exploración y producción de hidrocarburos. Esto ocurre, indicó, en una industria que ya soporta una de las mayores cargas tributarias dentro de la economía.
Pearl explicó que, a diferencia del impuesto de renta, que grava las utilidades obtenidas por las compañías, el impuesto al patrimonio se calcula sobre el valor de los activos acumulados, independientemente de los resultados financieros del año.
“En la práctica, esto significa que las empresas deben pagar incluso cuando no registran utilidades, lo que termina afectando la liquidez disponible para inversión, mantenimiento y desarrollo de nuevos proyectos”, señaló.
El dirigente también cuestionó las proyecciones de recaudo del Gobierno, al considerar que no contemplan el efecto que tendría un aumento en los precios internacionales del petróleo sobre las finanzas públicas. De acuerdo con sus estimaciones, si el precio promedio del barril de Brent se ubica entre US$90 y US$100, los aportes del sector petrolero al país podrían oscilar entre $35 y $40 billones anuales, sumando impuestos de renta, regalías, derechos económicos y otros tributos.
“Esto demuestra que el sistema fiscal del sector ya está estructurado para que, cuando los precios del petróleo suben, también lo hagan los ingresos para el país. En escenarios de precios altos, la industria contribuye automáticamente con más recursos, incluso en montos superiores a los que busca recaudar el Gobierno con este nuevo impuesto”, afirmó.
Críticas desde los gremios
La presidenta de la Cámara Colombo Americana, María Claudia Lacouture, sostuvo que, aunque el país debe actuar con rapidez frente a la coyuntura fiscal, antes de crear nuevos tributos es necesario revisar el uso de los recursos públicos.
“Plata hay; lo que falta es austeridad, priorización del gasto y un manejo eficiente con metas claras, trazabilidad y auditoría”, afirmó.
Lacouture advirtió además que el impuesto podría tener efectos indirectos sobre el empleo, los salarios, la relación con proveedores y los planes de inversión empresarial. “Es como cortar ramas sanas para apagar un incendio: puede servir en el corto plazo, pero el árbol queda debilitado y deja de dar frutos”, dijo.
Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, calificó la iniciativa como una medida “muy peligrosa”, pues se suma a otros desafíos económicos que enfrentan las empresas, entre ellos el incremento del salario mínimo, los cambios tributarios recientes y las modificaciones laborales.
A su turno, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, aseguró que la propuesta fue planteada de forma “apresurada” y sin suficiente sustento técnico. En su opinión, establecer tarifas elevadas para sectores como el minero y el financiero, así como fijar una tasa de 0,5 % para empresas con patrimonios superiores a $10.400 millones, podría afectar las condiciones para que las compañías continúen creciendo y generando empleo.