El salario mínimo 2026 se convirtió en el nuevo eje de confrontación entre el Gobierno Nacional, los gremios empresariales y distintos sectores políticos, luego de que se decretara un aumento del 23%, una cifra que no logró consenso en la Mesa de Concertación Salarial y que ha sido calificada por críticos como una decisión unilateral y de alto impacto económico.
Desde el sector empresarial, una de las reacciones más contundentes fue la de FENALCO, que rechazó de manera categórica el incremento, al considerar que se trata de una medida irresponsable y alejada de la realidad económica del país.
El gremio aseguró que la Mesa de Concertación no funcionó como un espacio real de diálogo, sino como un escenario de validación de una decisión que, según su postura, ya estaba tomada.
Para FENALCO, el aumento del salario mínimo responde a un enfoque populista, especialmente de cara a las elecciones de 2026. El gremio sostuvo que el anuncio fue anticipado, desproporcionado y contrario a las variables técnicas que tradicionalmente se analizan en este tipo de discusiones, como la productividad, la inflación y la sostenibilidad del empleo formal.
En ese mismo sentido, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, afirmó que “la Mesa fue una farsa y una burla institucional para el sector productivo del país”, al señalar que no existió una discusión técnica real ni voluntad genuina de concertación por parte del Gobierno Nacional. Según el dirigente gremial, el incremento del 23% confirma que la decisión fue anticipada y unilateral.
Uno de los puntos que más preocupa al gremio de los comerciantes es el impacto directo sobre el empleo formal.
FENALCO advirtió que, con este aumento, un empleador deberá asumir cerca de 3.000.000 de pesos mensuales por trabajador en obligaciones salariales, parafiscales y prestacionales, lo que afectará de manera especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 97% del tejido empresarial del país.
A la controversia se sumó el expresidente Iván Duque, quien calificó el incremento del salario mínimo como un acto de irresponsabilidad en un contexto de crecimiento económico que consideró insuficiente.
Según el exmandatario, un aumento desmedido de esta magnitud podría derivar en la pérdida de empleos formales, la quiebra de miles de empresas y un aumento de los efectos inflacionarios, con impacto directo sobre la economía y los hogares colombianos.
Duque afirmó que este tipo de decisiones siguen una lógica que, a su juicio, termina espantando la inversión, debilitando a los generadores de empleo y ampliando la informalidad laboral en el país.
A estas críticas se sumó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que expresó su preocupación por los riesgos que el incremento del salario mínimo decretado para 2026 representa para los hogares y la economía colombiana.
La ANDI señaló que la decisión se tomó de manera unilateral, sin respetar plenamente los principios del diálogo social tripartito establecidos en la Constitución y la legislación vigente.
Desde el ámbito político, también se registraron reacciones críticas. El senador Mauricio Gómez Amín señaló que el aumento del 23% no puede convertirse en una bandera política, al advertir que, sin sustento técnico, puede derivar en inflación, quiebras empresariales y menos oportunidades laborales.
En una línea similar, Juan Manuel Galán calificó la medida como “pan para hoy, hambre para mañana”, y alertó sobre su impacto en un país donde más de la mitad de la población vive de la informalidad.