Mencionando que es una “tendencia preocupante”, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, propuso suspender temporalmente los efectos del decreto que creó el impuesto al patrimonio, amparado en la emergencia económica declarada en febrero de este año, mientras se adopta una decisión de fondo sobre su legalidad y alcance.
La dirigente gremial se refirió al pago de la segunda cuota de ese tributo, programado para el próximo 4 de mayo. La medida cobija a empresas y sociedades con patrimonio líquido igual o superior a 200.000 UVT.
“Hoy vemos una tendencia preocupante: se decretan emergencias sin sustento suficiente, se anuncian como mecanismo de presión y se utilizan para imponer decisiones de alto impacto económico y social, con graves consecuencias para todos los colombianos”, escribió Gutiérrez en su cuenta de X.
La presidenta manifestó que gravar el patrimonio de las compañías termina afectando la dinámica productiva, al reducir la capacidad de inversión y frenar decisiones empresariales relacionadas con expansión, contratación y crecimiento.
“Cuando se castiga el patrimonio, se frena la inversión, se aplaza el crecimiento y se pone en riesgo el empleo. Esto no es ideología: es una realidad económica”, manifestó.
Del mismo modo, advirtió sobre las consecuencias jurídicas y financieras que podrían derivarse para compañías que no han logrado cumplir con el pago mientras adelantan acciones ante la justicia.
“Más grave aún, podrían iniciarse acciones contra empresas que no han podido pagar, incluso cuando han acudido a la justicia. El riesgo deja de ser individual y se vuelve sistémico”, agregó.
Según explicó, el cobro de esta segunda cuota coincide con un contexto marcado por restricciones fiscales y señales de menor confianza inversionista, factores que, a su juicio, aumentan la presión sobre el aparato productivo nacional.
“Todo esto ocurre en medio de menor confianza y una rebaja en la calificación crediticia del país por parte de calificadoras como Standard & Poors. Persistir en este camino solo profundiza el problema”, apuntó.
Dentro de su pronunciamiento, Gutiérrez también hizo referencia a los niveles actuales de déficit fiscal y déficit primario, al señalar que el país atraviesa una coyuntura compleja que requiere decisiones enfocadas en estabilidad económica.
Finalmente, hizo un llamado a la Corte Constitucional para que evalúe el impacto de la medida y adopte decisiones antes de que se produzcan efectos mayores sobre el sector empresarial.
“La Corte Constitucional ha defendido las instituciones y su papel ha sido clave en la coyuntura actual. Colombia no puede normalizar la excepción ni poner en riesgo su aparato productivo”, terminó.
Es de recordar que la primera cuota de este impuesto fue pagada el pasado 1 de abril y aplicó para compañías con patrimonio líquido superior a $10.474 millones.