Las tres decisiones económicas que marcarán el rumbo de Colombia; experto explica lo que viene para el país

Por Isaac Niño Duarte, CEO Isnandia Global

Colombia lleva décadas sin ser gobernada por estrategas de largo plazo. No haber asumido el costo político de hacer lo correcto en su momento hizo que el país perdiera el rumbo. Romper el control del Estado por parte de corruptos y hacer lo que a muchos no les gusta es lo único que reencauzará el país en la senda del crecimiento.

Sea cual sea el próximo presidente de la República, sin importar su ideología, deberá hacer ajustes en estos tres temas si está realmente interesado en que el país salga del subdesarrollo en el próximo cuarto de siglo.

Reglas claras de inversión:

No solo para la inversión extranjera: los inversionistas, empresarios e incluso los empleados necesitamos reglas claras sobre cuál es el marco legal que nos aplicará en los años venideros.

Una de las más críticas es la estabilidad tributaria. Desde 1995 a la fecha, hemos tenido 13 reformas tributarias. Es decir, una cada 30 meses en promedio. Esto no incluye las “intentonas” de reformas y las pequeñas modificaciones que, de una u otra forma, han impactado a los empresarios.

En la década de los 90, la inversión extranjera directa no alcanzó en promedio los 1.000 millones de dólares anuales. Si tomamos los últimos 30 años, llegamos a un promedio de 2.300 millones al año, con oscilaciones que van desde los 200 hasta cerca de los 17.000 millones. El año pasado llegamos a los 11.469 millones, cifra que refleja la pérdida de confianza en el país.

En términos de inversión (entendida como Formación Bruta de Capital Fijo) como porcentaje del PIB, hemos oscilado entre el 14% y el 24%; hoy en día rondamos el 15%.

Colombia ha llegado a tener fuertes oleadas de inversión, pero se han convertido en flor de un día. No hemos logrado sostener tasas superiores al 24% del PIB de forma constante, y gran parte de ello se puede atribuir a la inestabilidad tributaria.

El cambio constante de normas regulatorias también ha impactado las decisiones de inversión. Las empresas toman decisiones con base en las reglas actuales, pero enfrentar modificaciones ambientales cada cuatro años y regulaciones sujetas a la ideología del gobierno de turno no solo frena la inversión, también la desestimula y la ahuyenta del país.

Prioridad para el próximo gobierno es impulsar una reforma tributaria que brinde un marco claro, sin ambigüedades, que garantice la estabilidad legal de las inversiones desde su inicio y evite cambios durante su ejecución.

Productividad vs. populismo económico:

Formalizar a los colombianos que hoy trabajan en la informalidad es crítico para el próximo gobierno. Tener cerca de 10 millones de personas sin aportes a pensión, acceso a salud ni estabilidad laboral es una bomba de tiempo.

Promover leyes que incentiven la formalización sin generar mayores costos al empresariado ni al Estado es fundamental. La flexibilización laboral acorde al tamaño empresarial, la implementación de contratos por jornadas (sin distinción entre turnos nocturnos o diurnos, siempre que no se excedan las ocho horas) y la alineación del SENA y las universidades con las necesidades del mercado laboral son medidas clave si pretendemos absorber tanto la mano de obra informal como los nuevos trabajadores.

Descentralizar la toma de decisiones hacia las regiones puede facilitar la ejecución de proyectos que realmente impacten la productividad y generen empleo en zonas apartadas. Hoy, desde un escritorio en Bogotá se decide qué se construye y cómo en lugares como Acandí (Chocó), y muchas veces el que toma las decisiones ni sabe qué clima tiene Acandí.

Encontrar una nueva fórmula para el incremento del salario mínimo que evite distorsiones derivadas del populismo o la ideología del gobierno de turno ha mostrado ser fundamental.

Me reitero: el salario mínimo es mínimo. Si queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, debemos aumentar la productividad, no simplemente los salarios.

Eficiencia del Estado y sostenibilidad de la deuda:

Teniendo presente que el Estado no genera riqueza, sino que la redistribuye, es necesario avanzar hacia un Estado más eficiente desde el punto de vista económico.

El gobierno debe recortar de forma sustancial el gasto si pretende sanear las finanzas públicas. Como reflejo del deterioro fiscal, el pasado 8 de abril la calificadora internacional S&P redujo nuevamente la calificación de riesgo país de Colombia. Es Muy probable que tanto Moody´s como Fitch harán lo mismo antes del final de este gobierno.

Eliminar duplicidad de funciones entre entidades, reducir primas extralegales, bonificaciones y gastos innecesarios es esencial para construir un Estado austero. Hoy se disfrazan gastos por medio de convenios interadministrativos o por medio de contratos de prestación de servicios, esto debe acabar.

Sin embargo, esto puede generar un shock de desempleo que, si no se gestiona en conjunto con el sector privado, podría afectar la demanda interna y desacelerar la economía.

Como en cualquier empresa, la reducción de costos tiene un límite: si se excede, se pone en riesgo la viabilidad de la misma. El ajuste debe ser gradual y coordinado con la capacidad del sector privado de absorber la mano de obra.

No solo hay que reducir costos: también hay que aumentar ingresos de forma sostenida. Reperfilar la deuda para evitar un default en el corto plazo y recuperar la confianza para reducir las tasas de interés es una tarea urgente.

Las iniciativas privadas vuelven a ser fundamentales: grandes proyectos de infraestructura, desarrollo del potencial productivo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales serán clave para dinamizar la economía.

Lograr todo esto en cuatro años es una tarea extremadamente compleja. El próximo gobierno no solo debe corregir el rumbo, sino sentar las bases de la economía de los próximos 25 años garantizando que todos tengan algo en la mesa.

De nada sirve enderezar el camino si omitimos el mandamiento de Dios de amar al prójimo como a ti mismo.