Una iniciativa legislativa que avanza en el Congreso de la República propone reducir la jornada laboral de los empleados públicos en Colombia, con el objetivo de nivelarla a la que actualmente rige para el sector privado.
El proyecto, impulsado por la representante María Fernanda Carrascal, denominado “Jornada Sin Desigualdad”, plantea una disminución del tiempo de trabajo semanal para servidores públicos y trabajadores oficiales de la rama ejecutiva.
La propuesta busca que pasen de laborar 44 horas a 42 horas semanales, en línea con lo establecido en la Ley 2101 de 2021. No obstante, la reducción se aplicaría de manera gradual, y durante el primer año se disminuiría una hora, pasando a 43 horas semanales, y en el segundo año se completaría el ajuste hasta llegar a las 42 horas.
La propuesta tiene el objetivo de “promover un cambio cultural e institucional hacia la equidad en las condiciones de trabajo entre sectores”, además de “fortalecer la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar de los servidores públicos”.
Uno de los puntos clave del proyecto es que este cambio no implicaría reducción salarial ni afectaría los derechos adquiridos por los trabajadores. Además, busca evitar que las entidades modifiquen condiciones laborales vigentes en perjuicio de los empleados.
“El Proyecto de Ley plantea que la reducción de la jornada laboral para los servidores públicos se implemente de manera gradual y diferenciada, según las dos principales tipologías de vinculación”, resaltó la funcionaria, compartiendo en redes sociales el modelo que aplicaría en la iniciativa.
Carrascal resaltó que, conforme a las cifras del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en el 2023, la nación cuenta con más de 1.324.866 millones de servidoras y servidores públicos, distribuidos en las distintas ramas y niveles del Estado, lo cual evidencia la necesidad de un esquema de trabajo claro.
De dichas cifras, en la Rama Ejecutiva se encuentran aproximadamente 172.724 servidores en el orden nacional y 285.267 en el orden territorial. Mientras que en el ámbito judicial hay cerca de 60.696 funcionarios y en el legislativo, la cifra de contratación supera las 3.277 personas.
“Estas cifras evidencian la magnitud del empleo público y la necesidad de contar con marcos normativos claros que permitan garantizar eficiencia administrativa, igualdad en las condiciones laborales y fortalecimiento institucional”, concluyó Carrascal.
Por el momento, la iniciativa fue aprobada en el primer debate que se llevó a cabo en la Comisión VII de la Cámara de Representantes, por lo que seguirá su curso y ahora pasará a segundo debate.