Contraloría alertó que hubo contratación directa por $2 billones en sectores no exceptuados durante la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República alertó que se presentaron a nivel nacional más de 6000 contratos, que representan $2 billones, durante la vigencia de la Ley de Garantías.

La conclusión se da luego del análisis de 25.685 contratos, avaluados en $2,8 billones. Sin embargo, la alerta se arrojó en 6292 de estos procesos, que se traducen en $2 billones.

Dichos contratos fueron efectuados entre el 31 de enero y el 27 de febrero del presente año, cuando en teoría está en vigencia la Ley de Garantías.

“Los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos, son los que más contratos reportan una vez entrada en vigor la Ley de Garantías y que no tendrían excepción”, indicó la Contraloría.

El ente de control también alertó que durante este periodo se identificaron 368 contratos directos relacionados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarima o logística por $ 31.959 millones.

“Otra parte del seguimiento realizado por la Contraloría General es al uso de recursos públicos con fines proselitistas en época electoral. En este se identificaron 17.841 contratos directos por un valor superior a los $1,68 billones, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026, por eventos, publicidad, conciertos, refrigerio, tarima o logística”, agregó la Contraloría.

El ente de control no entregó mayor información de cuáles son los territorios en los que más se presentaron estos contratos, pero se espera que se siga con las investigaciones para aclarar la situación.

“En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, expresó Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.

Gobierno Nacional busca contratar directamente para evadir Ley de Garantías

El gobierno de Gustavo Petro podrá contratar de forma directa en plena vigencia de la ley de garantías, bajo el marco de la emergencia económica y social para atender la crisis provocada por el frente frío y el aumento de lluvias en varias regiones.

Tras el Consejo de Ministros realizado el pasado martes en Cartagena, el Jefe de Estado presentó cuatro nuevos decretos que sirven de base para implantar la emergencia económica y social, como el nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas con un gravamen del 1,6%.

No obstante, el decreto 175 de 2026 fue el que más atención generó a causa de un artículo que le permitiría al Ejecutivo evadir la ley de garantías y contratar de forma directa, ad portas del inicio de las elecciones presidenciales y de Congreso.

“Las entidades públicas podrán acudir a la modalidad de contratación directa para la adquisición de bienes, servicios y logística necesarios para la ejecución de las medidas del presente decreto”, señaló el artículo 12, denominado “medidas excepcionales de contratación”.

El decreto advirtió que las contrataciones que se adelanten “estarán sometidas únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares”, lo que evade totalmente la ley de garantías.

Añadió que el parágrafo primero también permite adicionar contratos vigentes o los que se suscriban para conjurar la crisis, sin que aplique la limitación del 50 % del valor inicial del contrato prevista en la Ley 80. Es decir, se podrán ampliar los contratos más allá del tope habitual.

Esta medida coincide con la entrada en vigor de la ley de garantías, que restringe a entidades estatales celebrar convenios interadministrativos y contratación directa para evitar el uso de recursos públicos en proselitismo cuatro meses antes de las elecciones.

Con información de Colprensa*