Funcionarios 'atornillados', un dolor de cabeza para Emcali

Como cada cuatro años, cuando ocurren cambios en la gobernabilidad local, la atención -y la tensión- se volvió a centrar en los llamados ‘atornillados’: funcionarios del Estado que, al sentirse en riesgo de ser despedidos, buscan ‘blindarse’ para permanecer en sus cargos, recurriendo a los derechos que los ampara en la Constitución.

Aunque este fenómeno ocurre en personerías, contralorías, concejos, alcaldías y gobernaciones, en el caso de la capital del Valle del Cauca, para algunos, el caso más complejo es el de las Empresas Municipales de Cali, Emcali.

Los empleados que están sindicalizados allí alegan que -según determina la ley- la junta directiva y los gerentes son los únicos funcionarios de libre nombramiento y remoción, y que los demás son trabajadores oficiales que no pueden ser removidos cada que haya un cambio de directivas, pero que la empresa no aplica la norma.

“Los sindicatos han surgido para protegerse de los despidos o reubicaciones que quieran hacer el gerente o el Alcalde. Demandan que se les reconozca la oficialidad. Tenemos un ordenamiento jurídico que nos da unos derechos, no estamos atornillados por que sí, tanto la Constitución como altos jueces de la República nos han dado la razón de que somos trabajadores oficiales”, enfatiza el miembro de uno de los sindicatos que tiene Emcali.

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El líder, que prefirió omitir su nombre, dice que “los públicos no somos sindicalistas, somos trabajadores que por la coyuntura de que no nos respetan nuestros derechos, nos acorralaron para formar esos sindicatos”.

Pero asegura que están abiertos al diálogo, a los cambios institucionales y a ser movidos dentro de la organización para ofrecer sus conocimientos y experiencia en beneficio de la empresa.

“Lo más importante es que nosotros queremos ser proactivos para trabajar de cara a que el nuevo estilo de gobierno y de gerencia cumpla los objetivos de la mejor forma”, afirma.

Sin embargo, este derecho a la libre asociación se ha convertido en el dolor de cabeza para las administraciones de turno, que no pueden remover a ciertos empleados que ocupan cargos considerados claves para las transformaciones de la empresa, porque se volvieron prácticamente intocables.

“Hay que ser respetuosos del derecho a la asociación y del derecho a la defensa del trabajo, pero aquí hay una especie de desviación de esa iniciativa que tienen que valorar los jueces y la justicia, pero que van configurando una relación que tiene impacto en la cultura organizacional y en el funcionamiento de la empresa”, señala Jesús Darío González, gerente (e) de Emcali.

Dice que es “respetable” que el origen de un sindicato esté relacionado con defender derechos, pero que cuando la intención “es atornillarse en puestos técnicos, sin apostarle a la excelencia técnica, a la validación de la experiencia, a una construcción, esta práctica, siendo explicable, no se justifica desde el punto de vista corporativo”.

De acuerdo con los datos entregados por una fuente de Emcali, todos los trabajadores oficiales, que son alrededor de 2600, están sindicalizados, y de los públicos, que son cerca de 130, el 80 % hace parte de un sindicato.

Sin embargo, otras versiones señalan que no todos los empleados públicos hacen parte de un sindicato, sino que hay un pequeño porcentaje que se beneficia de la convención colectiva.

Cabe anotar que un trabajador puede pertenecer a varias de estas asociaciones al mismo tiempo. Hasta ahora se han creado 20 sindicatos en las Empresas Municipales.

Justamente, en los últimos cuatro meses del 2019 se conformaron tres sindicatos, de los cuales dos están en funcionamiento y el otro no continuó, dado que siete de sus miembros se retiraron, perdiendo el número mínimo de integrantes (25) que exige la ley.

“Tenemos que reflexionar sobre las implicaciones de esa práctica, que se fue incubando históricamente, y buscar reversarla, porque si no todo llega a los estrados judiciales. Necesitamos romper ese círculo y encontrar un diálogo público que permita un avance en un relacionamiento distinto, porque esto se trata de derechos y deberes, de responsabilidades y compromisos públicos y de una agenda de trabajo que no se puede agotar en una relación negativa”, indica González.

Hasta ahora, la Administración de Jorge Iván Ospina se ha reunido con ocho sindicatos con la idea de dialogar para alcanzar acuerdos y evitar las interminables peleas jurídicas. Incluso, la relación parece ir tan bien que una de esas organizaciones envió una carta al Alcalde pidiéndole dejar a Jesús Darío González definitivamente en el cargo de gerente.

Una fuente le dijo a este diario que la directora saliente del Teatro Municipal apeló a la figura de retén social para mantenerse en su cargo. Sin embargo, no cumplió los requisitos de ley para aplicar, por lo que tuvo que dejar el puesto.

Si bien es cierto que cada que ha existido un cambio en las direcciones o políticas de la empresa ha emergido un sindicato, el equipo gerencial que llega demanda los fueros de la asociación y se establece un pleito legal, pero lo curioso es que, cuando les corresponde el turno de irse, usan la misma estrategia que en un principio atacaron y entran a un sindicato o forman uno para no dejarse sacar del puesto.

En ese sentido fue la publicación que a principios de enero hizo el alcalde Ospina en su Twitter: “Me parece realmente inapropiada la tesis de funcionarios atornillados al poder y al puesto, pero también me molesta la doble moral de algunos que critican cuando se lo hacen a ellos, pero adelantan lo mismo, como el caso de Emcali”.

Según le contó una fuente a El País, al final de la Administración pasada las gerentes de Energía y la de Gestión Humana y Administrativa esperaban permanecer en sus cargos, no con fuero sindical, sino acudiendo a la figura de retén social (ver anexo). Sin embargo, al final tuvieron que renunciar para evitar una destitución.

El retén social es otra figura jurídica a la que pueden apelar los empleados que estén cerca de jubilarse, para no ser retirados de su cargos.

Emcali ha tenido que pagar enormes cantidades de dinero en reintegros de personal. Muchos trabajadores que han sido despedidos teniendo fuero sindical han demandado los procedimientos y la Justicia ha fallado a su favor.

Fernando Tamayo, miembro de la Comisión de Institutos Descentralizados del Cabildo, dice que a quienes llegan a dirigir “les entra pánico romper ese derecho constitucional que tiene la gente a sindicalizarse, y los procesos se demoran cantidad de tiempo para levantamiento de fueros. Si te sales un poquito de la norma, porque los sindicatos tienen protecciones internacionales, puedes quedar como perseguidor de ellos y eso tienen consecuencias disciplinarias demoledoras”.

Es muy recordada la sanción en junio de 2019 a Cristina Arango, a quien la Procuraduría suspendió por tres meses por declarar insubsistentes a dos empleadas sindicalizadas sin previa autorización de un juez competente para adoptar esta medida.

Dado que Arango había renunciado en el 2017, la sanción se convirtió en multa de acuerdo al salario devengado en el momento de la falta.

Uno de los abogados que más litiga esos procesos es Gustavo Prado, quien dice que se ganan cerca del 90 % de los casos.

Pero en lo que muchos están de acuerdo es en que los derechos deben ir de la mano de los deberes, pues algunos empleados, “asegurados” en el fuero sindical, descuidan sus funciones.

“Las convenciones colectivas y los fueros sindicales no pueden ser la excusa para que la gente le haga ‘conejo’ a sus responsabilidades laborales. Una cosa es el derecho constitucional apoyado por normatividad internacional que la gente tiene a ejercer el derecho de sindicalizarse y otra cosa es que eso sirva como parapeto para evadir responsabilidades”, dice Tamayo.

Según conoció El País, la ante- rior Administra- ción nombró a varias personas en puestos provisionales que próximamente serán ocupados por quienes ganen los respectivos concursos de méritos.

“Eso no es ilegal, pero son puestos que no era necesario surtir. Con las convocatorias de méritos, en tres meses la gente que nombraron la tienen que sacar”, dijo una fuente.

A principios de enero, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, denunció que los funcionarios de la Administración anterior no habían presentado su carta de renuncia, lo que impedía que los nuevos funcionarios iniciaran su gestión. Incluso, el Mandatario tomó la decisión de declarar insubsistente al secretario de Seguridad, Carlos Zapata.

Sin embargo, desde la Alcaldía de Palmira señalaron que el nuevo gabinete ya está listo para arrancar.

En Buenaventura, la Administración pasada, justo antes de terminar su periodo, dejó un decreto nombrando a más de 200 personas. Pero la nueva Alcaldía logró tumbarlo y quienes habían sido nombrados tuvieron que salir inmediatamente.