El agente especial interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, lanzó fuertes cuestionamientos sobre el funcionamiento financiero y administrativo del sistema de salud colombiano, al tiempo que denunció presuntas prácticas irregulares relacionadas con el cobro de comisiones dentro de la red de prestación de servicios.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario aseguró que el sistema enfrenta graves presiones económicas derivadas no solo de los costos asistenciales, sino también de procesos administrativos y de facturación que, según afirmó, resultan excesivos e insostenibles.
“Para nadie es un secreto de las presiones financieras que tenemos en el sistema de salud, como para nadie es un secreto los altísimos costos que tiene el sistema en facturación, auditorías médicas y administrativas”, expresó Ospina en la publicación.
El interventor también cuestionó algunos procedimientos de remisión de pacientes que actualmente se realizan dentro de Nueva EPS.
Según indicó, durante lo corrido de este año, cerca de 350 pacientes afiliados en el Valle del Cauca fueron trasladados hacia Neiva para recibir atención médica, incluso en algunos casos mediante avión medicalizado.
Ospina calificó la situación como un “exabrupto”, especialmente porque Cali cuenta con una de las redes hospitalarias “más importantes del país y de Latinoamérica”. Para el funcionario, este tipo de decisiones representa costos difíciles de sostener para un sistema que atraviesa una compleja crisis financiera.
La declaración se conoció en medio de las alertas emitidas recientemente por Nueva EPS sobre una presunta red de intermediarios que estaría cobrando comisiones a clínicas y proveedores para agilizar pagos pendientes o facilitar el ingreso a la red de servicios de la entidad.
“Pero a todo esto, lo que más me indigna es la idea de cobrar o pagar una comisión por servicios prestados o pagar para ser parte de nuestra red de servicios”, afirmó el interventor.
Las palabras de Ospina se producen en un contexto de creciente preocupación por la situación económica de varias EPS intervenidas y por las millonarias deudas acumuladas con hospitales y clínicas del país.
Organismos de control y asociaciones médicas han advertido sobre retrasos en pagos, dificultades operativas y problemas de sostenibilidad financiera dentro del sistema de salud colombiano.
El agente interventor también manifestó su intención de combatir este tipo de prácticas presuntamente irregulares. “No sé si tenga vida para erradicarlo, pero haré mi apuesta y me la gastaré borrando estas prácticas que impiden satisfacer el sagrado derecho a la salud, que es a la vida”, concluyó en su publicación.