Reportes territoriales advierten riesgos para el voto libre en al menos 104 municipios a dos semanas de las elecciones

Mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del ministro del Interior Armando Benedetti, ha intentado minimizar las denuncias por seguridad electoral, informes provenientes de varias regiones mantienen encendidas las alertas.

El registrador nacional Hernán Penagos advirtió que en al menos 104 municipios existen riesgos para las elecciones presidenciales y enfatizó que la garantía no se limita al día de votación, sino a que los ciudadanos puedan decidir sin presiones. “El riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera en las calles de Colombia, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano”, indicó el funcionario.

En Guaviare, donde operan disidencias de las Farc, se conocieron audios atribuidos a un integrante del grupo de alias ‘Calarcá’ en los que se mencionan presuntas presiones a comunidades y referencias a la campaña de Iván Cepeda. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…). Ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha en las grabaciones.

Las grabaciones, que ya están en manos de las autoridades, hacen parte de las verificaciones en curso sobre posibles constreñimientos al elector.

Tras conocerse el material, Cepeda rechazó cualquier forma de presión y pidió que los responsables sean investigados y sancionados.

Llamados institucionales y reportes de riesgo

La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz respaldó un pronunciamiento contra el lenguaje ofensivo en campaña y reiteró la necesidad de garantías reales en los territorios.

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que el 34,4 % de los municipios del país presenta algún nivel de riesgo electoral: 125 en riesgo medio, 122 en alto y 139 en extremo.

Reportes de inteligencia también mencionan situaciones similares en Cauca, Meta, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Putumayo, donde se denuncian restricciones a la movilidad, reuniones obligatorias y presuntas orientaciones del voto por parte de actores ilegales.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez han señalado presuntas presiones en municipios del Cauca y La Guajira, respectivamente.

Desde Cambio Radical pidieron evaluar el traslado de mesas rurales a cascos urbanos. Penagos indicó que esa decisión corresponde a las comisiones municipales de garantías.

Por su parte, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez solicitó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, implementar caravanas de seguridad electoral en zonas con alertas.

El ministro Benedetti aseguró que el Gobierno ha brindado garantías “como nunca antes” y cuestionó al magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por sus declaraciones sobre la situación en las regiones.