Misión de Observación Electoral advirtió riesgos por violencia, desinformación y retrasos en financiación para las elecciones

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó este miércoles, ante la décima tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, un informe en el que advierte sobre los principales riesgos que enfrenta el proceso democrático en Colombia.

En dicho documento, se analizó desde la incidencia de los grupos armados ilegales en las zonas rurales hasta los efectos de la desinformación, las dificultades para financiar campañas y las barreras que aún persisten para garantizar el voto de poblaciones vulnerables.

Precisamente, uno de los hallazgos del informe está relacionado con la votación rural en municipios donde tienen presencia grupos armados ilegales. Según la MOE, el 57 % de los municipios del país con puestos de votación en zona rural, es decir 555 de 975, registran presencia de al menos, una estructura armada.

De ese total, en 348 municipios actúa un solo grupo, mientras que en 207 se presentan disputas entre varias organizaciones, lo que sin duda, aporta un panorama complejo para los próximos comicios.

Sin embargo, y pese a este panorama, la MOE aseguró que no encontró una correlación estadística significativa entre el control territorial de estos grupos y el éxito electoral de una organización política específica, con base en el análisis de los resultados de preconteo de las elecciones al Senado de 2026.

“Los partidos que más votos tienen en la ruralidad colombiana son, en general, el partido Liberal y el Partido Conservador. Y en las regiones con presencia de GAI, les siguen el Pacto Histórico, el Partido de la U y el Centro Democrático. Es decir, la ruralidad colombiana sigue siendo un escenario de disputa política plural”, afirmó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

No obstante, la organización insistió en la necesidad de continuar monitoreando las afectaciones que han sufrido las campañas durante su actividad proselitista, como restricciones para realizar eventos, vandalización de sedes y propaganda electoral, con el fin de adoptar medidas de prevención y protección para candidatos y simpatizantes.

Así, y en su actualización del Mapa de Riesgo Electoral por factores de violencia, con corte al 30 de abril de 2026, la MOE identificó 386 municipios en riesgo, equivalentes al 34,4 % del total del país. De ellos, 139 se encuentran en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio.

Los departamentos con mayor afectación son Cauca, con 28 municipios en riesgo extremo, y Antioquia, con 17. No obstante, la organización también hizo un llamado a las autoridades para prestar atención especial a Arauca, Cesar, Caldas y Chocó.

Dicho esto, Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, aseguró que esta información entregada al país, “tiene como objetivo facilitar el seguimiento y la articulación entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales para la adopción de medidas de prevención y mitigación de riesgos”, señaló

Ahora bien, otro de los puntos que tocó el informe, es la preocupación en el acceso a los anticipos de financiación estatal para las campañas presidenciales, por lo que la MOE advirtió que, a 19 días de la jornada electoral, es urgente establecer un mecanismo ágil que permita a las campañas que solicitaron estos recursos obtener la póliza de garantías exigida por la ley.

“Las campañas requieren estos recursos para competir en condiciones equitativas, y cada día de retraso en su entrega ocasiona un daño irreparable a la contienda democrática”, reiteró Alejandra Barrios.

Ahora, en materia de información electoral, la organización alertó sobre el aumento de narrativas desinformativas que buscan desacreditar el sistema electoral y a las autoridades encargadas del proceso, mediante acusaciones de fraude y supuestas manipulaciones de la Registraduría Nacional.

De hecho, Frey Muñoz, subdirector de la MOE, expresó su preocupación por el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para crear deepfakes, audios sintéticos e imágenes falsas. “Este tipo de contenidos se viralizan, dificultan la verificación ciudadana y pueden profundizar escenarios de desconfianza y radicalización política”, afirmó.

Finalmente, en el informe, la MOE también rechazó las publicaciones que atacan a candidaturas por razones de género u orientación sexual, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres candidatas, y pidió al Consejo Nacional Electoral pronunciarse públicamente para rechazar estas prácticas.

Finalmente, el informe señaló también que, persisten fallas en la implementación de los protocolos para garantizar el derecho al voto de personas trans y personas con discapacidad.

“Hemos identificado situaciones críticas en la capacitación de los jurados y en la visibilidad de las herramientas de accesibilidad en los puestos de votación”, indicó Danilo Sepúlveda, coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE.