Procuraduría presenta cargos contra funcionaria del ICBF por presuntas irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la auxiliar administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Zarzal, Valle del Cauca, Olga Maritza Montaño Hurtado, por presuntamente suscribir un contrato entre la entidad en la que trabaja como funcionaria de carrera administrativa y otra institución en la que fungía como representante legal de una persona jurídica.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago señaló que, al parecer, al firmar un negocio jurídico en 2025 por más de $1.000 millones, la funcionaria pasó por alto su condición de servidora pública y desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado, ni de forma directa ni por interpuesta persona.

El ente de control indicó que Montaño Hurtado habría vulnerado con su presunta actuación el principio de moralidad, por lo que de manera provisional la calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Este caso se suma a recientes hallazgos hechos al interior de la institución. El pasado mes de marzo, la Fiscalía reveló un presunto caso de corrupción en contratos del Icbf en La Guajira destinados a poblaciones vulnerables, por un valor que superó los $860 millones.

El hecho se conoció tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación; se pudo descubrir que tres contratos destinados a la atención de estas poblaciones vulnerables habrían sido direccionados presuntamente por un grupo de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) junto con varios particulares.

Las indagaciones permitieron establecer que los convenios, firmados entre febrero y diciembre de 2019, tenían como finalidad la prestación de servicios de atención integral, incluyendo el suministro de alimentación para niños, niñas y mujeres gestantes pertenecientes a comunidades étnicas y rurales de estos municipios.

Según los hallazgos de la Fiscalía, el proceso contractual habría estado marcado por un “entramado” que terminó concentrando la contratación en favor de determinados intereses.

En ese contexto, la seccional del Icbf en La Guajira suscribió los contratos con una asociación privada encargada de ejecutar los programas dirigidos a la población vulnerable, bajo un enfoque diferencial.

No obstante, durante la ejecución de los convenios se habrían presentado irregularidades. De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, los supervisores de los contratos habrían avalado actas de revisión y al menos 12 pagos que incluían sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera.

Las actuaciones estaban respaldadas en facturas y cuentas de cobro que figuraban a nombre de Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla, quienes aparecían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras.