¿Dónde está el Estado?

No obstante los acuerdos de cese el fuego bilateral con el ELN, los anuncios sobre la presencia de la Fuerza Pública y el control que ejercen las autoridades legítimas, el litoral Pacífico sigue padeciendo el drama de una violencia que no parece tener fin. Y sus comunidades siguen expuestas al desplazamiento y la amenaza contra su vida y sus derechos.

Los datos de las últimas semanas son demasiado preocupantes, casi todos confirmados por la Defensoría del Pueblo. En Nariño, trece personas fueron asesinadas en lo que el ELN reconoce como una supuesta “operación limpieza”, nada distinto a una confrontación por el control territorial y la explotación del narcotráfico. En Suárez, departamento del Cauca, se produjeron siete muertos más en un enfrentamiento por las mismas razones entre grupos de excombatientes de las Farc y miembros del EPL.

Mención aparte merece la situación del Chocó, donde el ELN sigue empecinado en atacar a las comunidades indígenas, asesinar o secuestrar a sus líderes y desarrollar verdaderas batallas con las bandas criminales que le disputan el dominio y pretenden apoderarse de los territorios dejados por las Farc y las rutas del narcotráfico. Todo ello en medio de las inundaciones que se agravan por la destrucción de los cauces de los ríos causada por la minería ilegal que además envenena sus aguas.

Y todo eso se produce en medio de un acuerdo de cese al fuego en las negociaciones que se llevan a cabo en Ecuador entre el Gobierno y el ELN. Aunque se muestra como positivo el que no se hayan producido enfrentamientos con la Fuerza Pública, la verdad es que el Pacífico es escenario de asesinatos, secuestros, despojos, extorsiones y cualquier clase de delitos.

Es la gente del Pacífico la que está padeciendo el horror de una violencia que se pretende justificar con razones políticas. La verdad es que hay múltiples confrontaciones por la disputa armada y feroz para controlar el territorio, los cultivos ilícitos, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal que destruye el medio ambiente.

Todo ello aumenta la inseguridad, destruye la vida de miles de personas, y aumenta la pobreza hasta niveles intolerables. Y obliga al desplazamiento que se refleja en Cali, en Bogotá o en Medellín, donde acuden centenares de familias cada mes para buscar protección, sin que existan los recursos suficientes para atender sus necesidades.

Esa tragedia no puede ocultarse. Por ella es necesario preguntar dónde está el Estado para proteger los derechos de esos miles de colombianos que padecen el embate descarado de las agrupaciones criminales. Y cómo debe actuar la autoridad con algo más efectivo que los formalismos, las denuncias que no progresan, los consejos de seguridad que no resuelven la crisis, mientras el terror destruye culturas, siembra pobreza y arrasa con regiones enteras.

Nada de ese drama que se vive en los departamentos de Chocó, Cauca y Nariño, puede ser ignorado, ni se puede seguir manejando con declaraciones o comunicados que no reflejan la verdad. Ante la violencia y la tragedia que padece, el Pacífico necesita y merece atención urgente del Estado.