La Inmaculada: la banda criminal de Tuluá que el gobierno de Gustavo Petro presenta como una gran organización

El anuncio del Gobierno Nacional sobre el inicio de un acercamiento para negociar con la banda criminal La Inmaculada, de Tuluá, es considerado por autoridades y analistas como un paso más en el fracaso de la Política Paz Total implementada por el Ejecutivo.

Una noticia que no genera frío ni calor en ese municipio ni en el resto del Valle del Cauca, donde expertos consultados consideran un total desacierto darle protagonismo a un grupo delincuencial que, antes de la llegada de Gustavo Petro al poder, no tenía el más mínimo reconocimiento por fuera de la Villa de Céspedes.

Más que negociar con La Inmaculada, aseguró uno de los concejales de Tuluá bajo reserva de su identidad, “lo que deben hacer las autoridades es fortalecer las Fuerzas Armadas y combatirla con todo el peso de la justicia, como los delincuentes que son, no como si fueran ese grupo armado organizado que este Gobierno extrañamente pretende fortalecer”.

“Lo mejor que le puede pasar al Valle del Cauca no es negociar con La Inmaculada, sino que se lleven a ‘Pipe Tuluá’ extraditado a Estados Unidos; allá no va a estar el Inpec protegiéndolo ni permitiéndole que haga de su celda una oficina desde donde decide y ordena a quién matar. Que sepa lo que es en realidad una cárcel, lo que es quedar aislado, sin que nadie le rinda pleitesía y sin control de nada afuera”, agregó el cabildante.

¿Una gran estructura?

Hace dos semanas se conoció que el Gobierno Nacional inició acercamientos exploratorios con la banda criminal que lidera desde la cárcel Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado de ordenar el asesinato de varios dirigentes políticos, funcionarios de la Administración Municipal, líderes sociales, comerciantes y jóvenes integrantes de bandas rivales.

El mismo presidente Petro habría firmado el decreto con el cual autoriza que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) realice los primeros contactos con esta banda, que no tendría más de un centenar de jóvenes reclutados, y cuyo cabecilla permanece a la espera de que se oficialice su extradición hacia los Estados Unidos.

Aunque el jefe de la DIN, Jorge Arturo Lemus, aseguró que se vienen adelantando los acercamientos con esta banda criminal bajo estrictas condiciones de confidencialidad y siguiendo los protocolos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y “caracterizando a los miembros de La Inmaculada”, en Tuluá ven ese proceso como una burla.

“La Oficina de Tuluá o La Inmaculada es un puñado de viciosos que graduó ‘Pipe Tuluá’ de sicarios para su disputa por el microtráfico y la extorsión. Que cartelizaron a punta de pistola los productos de la canasta básica y ahora el gobierno de Gustavo Petro los presenta como el gran grupo armado para dar la sensación de que están negociando la paz, pero ahí hay muchos que andaban por las calles oliendo pegante”, explicó un investigador de la Policía.

Informes oficiales aseguran que La Inmaculada ha crecido especialmente con la coyuntura de la Paz Total del Gobierno Nacional y que ahora pueden tener en sus estructuras entre 100 y 115 muchachos reclutados.

Para el asesor en Seguridad de la Gobernación del Valle del Cauca Miguel Yusty, esa banda delincuencial funciona como una secta religiosa, a diferencia de otras bandas del crimen organizado.

“Obviamente, se han desarrollado al ritmo de ‘Pipe Tuluá’, que ingresó hace muchos años a la cárcel y allí fundaron una variable criminal como líderes y fue la manera de delinquir desde la cárcel”, anotó.

“En medio de esa variable y del poder que ejercían delinquiendo desde prisión, establecieron conexiones con la anterior Administración Municipal, con la que tuvieron mucho que ver y tuvieron entonces la capacidad de extorsionar, de contratar, y obviamente, de una manera u otra tuvieron mucha influencia en la dinámica electoral y política de Tuluá. Pero eso no quiere decir ni justifica que el Gobierno Nacional les dé la categoría, como se las ha dado, en el esquema de la Paz Total, donde los han legitimado como un grupo armado”, puntualizó Yusty.

No obstante, el interlocutor ante la Casa de Nariño, alias Pipe Tuluá, ha puesto condiciones a los emisarios del Mandatario colombiano para sentarse a entablar un diálogo formal; entre ellas, que sea trasladado a una cárcel en la Villa de Céspedes para supuestamente facilitar la entrega de las armas y los jóvenes de su ejército.

Situación que de antemano llevaría impregnado el interés de que el Gobierno Petro frene su extradición a los Estados Unidos, donde deberá responder por delitos relacionados con el narcotráfico.

Negociación o sometimiento

Detrás del interés del Ejecutivo de graduar como grandes organizaciones armadas a bandas criminales como La Inmaculada, de Tuluá, o los Shottas y Los Espartanos, en Buenaventura, advierten los analistas simples intereses electorales.

Así lo sostiene Miguel Yusty, al asegurar que es esa la razón por la cual “ahora a los narcoterroristas los llaman combatientes y los llevan a esas mesas jurídicas para tener espacios políticos, porque la Paz Total es un proyecto populista de la guerra que le ha permitido a Gustavo Petro tener el control de corredores y la liquidez del narcotráfico para generar una capacidad financiera de cara al proceso electoral del 2026”.

“La Inmaculada era un grupo criminal local en Tuluá, pero ahora es un grupo delincuencial de dimensión nacional, producto de la Paz Total de Gustavo Petro, que le ha dado una expansión en el imaginario nacional. Él tenía que engrandecer esos pequeños grupos para decirle a la opinión pública y dejar la sensación de que estaba haciendo grandes negociaciones. Esa exageración de la verdadera capacidad organizativa de bandas como La Inmaculada es lo que ha motivado la negativa de la Gobernadora del Valle del Cauca a hacerle el juego a esas supuestas negociaciones de paz”, explicó el asesor en Seguridad del Departamento.

De su lado, el catedrático Jorge Luis Yarce indicó que en Colombia se está confundiendo posibles sometimientos con beneficios judiciales con procesos de negociación.

“La negociación implica concesión, la concesión implica la pérdida de capacidad operativa del Estado para asegurar la vida, la propiedad y la seguridad individual de las personas, las instituciones y las empresas. Todo eso redunda en un clima de mayor incertidumbre y se ha convertido en un mecanismo para el fortalecimiento de las empresas criminales en el país”, señaló.

Añadió que “el deber del Estado es la persecución efectiva, y en medio de ella se pueden hacer procesos de sometimiento. Es un mecanismo en el que el Estado no cede ante la criminalidad, mantiene el pie de fuerza, mantiene las capacidades para perseguirlos y judicializarlos, pero, si existe voluntad real de las organizaciones criminales, se les pueden dar mecanismos alternativos, transaccionales, para que dejen la actividad criminal, pero esto no implica negociación; no implica la concesión por parte del Estado de espacio territorial de impunidad y sobre todo de la posibilidad de que sigan incrementando sus capacidades en detrimento de la seguridad de los colombianos y de la garantía de no proliferación de cultivos ilícitos, de armamentos y de grupos criminales al margen de la ley”.

Coinciden las fuentes consultadas en que el ensayo de la llamada Política de Paz Total pudo ser en su momento un éxito electoral, pero un fracaso total en materia de seguridad durante el actual Gobierno.

El Valle mantiene su lucha contra las bandas

Independientemente de lo que varios analistas consideran un trato benigno de parte del Gobierno de Gustavo Petro a las organizaciones criminales, las autoridades en el Valle del Cauca han mantenido su lucha frontal contra la criminalidad de bandas como La Inmaculada.

El respaldo de la Gobernación a entidades como la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional ha permitido asestar golpes importantes a la estructura criminal que lleva varios años azotando la comunidad de ese municipio del centro del departamento.

Entre ellos se cuenta la captura de miembros de esa banda, tales como la ocurrida en febrero del 2024 de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, hermano de ‘Pipe Tuluá’, quien hace parte de su estructura criminal y cayó en un operativo en el corregimiento de San Lorenzo.

De acuerdo con Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle del Cauca, mientras no haya un marco legal para negociar con bandas como la Inmaculada, la directriz de la gobernadora Dilian Francisca Toro es mantener la lucha frontal contras grupos delictivos que siembran terror en distintos lugares del departamento.

“A través de la tasa de seguridad, la Gobernadora del Valle del Cauca viene fortaleciendo las capacidades de la Fuerza Pública y respaldando su lucha y estrategias contra la delincuencia”, anotó el funcionario.

El éxito en el manejo de la tasa de seguridad en la comarca es un modelo nacional, indicó, por su parte, el asesor en Seguridad Miguel Yusty.

“Ningún otro departamento ha avanzado tanto en la construcción de un modelo de gestión. Entre otras razones, porque los departamentos no pueden construir políticas de seguridad porque eso depende del Presidente de la República, pero aquí se montó una estrategia en seguridad y la columna vertebral ha sido la tasa de seguridad, que le ha permitido a la Gobernadora desarrollar proyectos como el de los drones y el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública, que Gustavo Petro viene debilitando”, añadió.

Por su parte, el politólogo Jorge Luis Yarce consideró que “lo que nos han enseñado los procesos de negociación en el marco de la Paz Total es que absolutamente todos los intentos de negociación fracasaron y solo contribuyeron a la reaparición de organizaciones criminales extintas o al fortalecimiento de grupos residuales de negociaciones previas en el gobierno de Juan Manuel Santos o, peor aún, a la conformación de clusters criminales nacionales e internacionales”.