Crisis en EPS intervenidas: Valle del Cauca alerta por cierres de servicios y falta de información del Gobierno

La incertidumbre volvió a instalarse entre miles de pacientes en el Valle del Cauca que dependen de las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

En los últimos días, clínicas de Cali y otros municipios han suspendido servicios a afiliados de entidades como Nueva EPS, lo que ha generado retrasos en citas, demoras en tratamientos y preocupación generalizada.

El detonante, según autoridades departamentales, es la falta de claridad sobre los nuevos interventores designados por el Gobierno nacional y los constantes cambios en estos cargos.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó públicamente la ausencia de información oficial sobre quiénes están al mando de las EPS intervenidas, un vacío que —según ella— ya está impactando la atención médica.

“Para los pacientes es terrible que ahora les estén cerrando servicios. Eso ocurre porque hay cambio de interventores y los están rotando con muchísima frecuencia. Eso afecta la capacidad de contratación de las EPS y las clínicas, y termina golpeando a los usuarios”, señaló.

Toro pidió al Gobierno nacional entregar de manera inmediata los nombres de los interventores y coordinar con la Secretaría de Salud una mesa de trabajo que permita estabilizar la operación.

Su llamado también incluye habilitar convenios con clínicas como Occidente o Versalles para mitigar el golpe a quienes requieren atención continua.

Las consecuencias ya se sienten en poblaciones especialmente vulnerables. Pacientes con enfermedades de alto costo, mujeres gestantes y usuarios que dependen de tratamientos oncológicos o controles permanentes son los más afectados por la interrupción de servicios.

“Queremos evitar que haya más perjuicios. Aquí hay vidas de por medio y exigimos garantías de una prestación adecuada”, insistió la mandataria.

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que la situación se agrava por la millonaria deuda que el Gobierno nacional mantiene con la red pública y privada del departamento.

Según cifras oficiales, el monto asciende a cerca de $3 billones. Esta cartera ha llevado a varias clínicas a limitar servicios para evitar mayores presiones financieras.

“Esto es dramático. Los más afectados son los pacientes. Es urgente que se instalen mesas de trabajo y se garantice la continuidad de la atención”, dijo Lesmes.

Mientras se define el panorama y se normaliza la operación de las EPS intervenidas, la Gobernación anunció que continuará con un seguimiento permanente y reforzará estrategias de desconcentración de servicios.

Este mecanismo, que lleva más de 14.000 atenciones especializadas en municipios, busca evitar que la crisis se traduzca en un deterioro mayor de la salud de los vallecaucanos.

Por ahora, el departamento espera que el Gobierno entregue respuestas concretas y que la atención no siga dependiendo de transiciones administrativas que terminan, una y otra vez, afectando la vida de los usuarios.

Este artículo fue creado con un boletín de prensa de la Gobernación del Valle y la ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de El País.