Crisis de salud en el Valle del Cauca: deuda de EPS supera los $6 billones y alerta por citas atrasadas y tratamientos interrumpidos

La alerta lanzada por la Defensoría del Pueblo este enero volvió a poner en primer plano una realidad que en el Valle del Cauca se vive desde hace meses: el sistema de salud atraviesa una crisis profunda que ya no solo se mide en cifras, sino en demoras, congestión hospitalaria y tratamientos interrumpidos.

En su pronunciamiento, el organismo humanitario denunció una “preocupante vulneración del derecho a la salud en todo el país”, con impactos directos en la atención y la entrega de medicamentos.

La advertencia de la Defensoría no llegó sola. Desde el Gobierno Departamental se ha insistido en que la falta de recursos tiene consecuencias directas en la atención.

“Como ellos no tienen los recursos, no contratan la red pública y privada para la prestación de servicios. Nosotros no tenemos la oportunidad de acceder a unos servicios que no están contratados o a una movilidad de los médicos, especialmente los especialistas, por falta de pago”, afirmó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, al referirse a las EPS intervenidas.

Según le contó a El País, al cierre de 2025 la contratación de servicios por parte de las EPS “no es completa, es parcializada y mucho tiene que ver con las acreencias acumuladas”, una situación que ha puesto “a los prestadores en jaque” y que ya se trasladó de las instituciones a los trabajadores de la salud.

En el departamento, la deuda acumulada de las EPS con la red pública y privada supera los $ 6 billones, mientras que los pasivos con los trabajadores de la salud ya rebasan los $ 300.000 millones. “No se pagaron primas de diciembre en la mayoría de los hospitales y hay instituciones con tres o cuatro meses sin pagar salarios”, detalló la funcionaria.

Esta situación ha generado “un atraso en prestación de citas que supera las 15.000 personas, mal contabilizadas porque no tenemos la información de todas las EPS”, además de redes incompletas y contratos que no fueron renovados para pacientes con enfermedades de alto costo, como cáncer.

“Tenemos una situación de desfinanciación del sistema que es evidente, que no se corrige y que el Ministerio de Salud niega”, añadió Lesmes.

Según ha explicado la Secretaría de Salud Departamental, el panorama es crítico porque la mayoría de los vallecaucanos dependen de EPS que hoy están bajo intervención estatal, entre ellas Nueva EPS, Asmet Salud, Emssanar, Coosalud y SOS, las cuales concentran las obligaciones vencidas más grandes con la red hospitalaria.

Lesmes lo resumió así: “El 90 % de los vallecaucanos estamos afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional por una situación financiera lamentable”.

El peso de la crisis en Cali y el HUV

Cali enfrenta una cartera hospitalaria cercana a los $ 3 billones, de los cuales una parte significativa corresponde a instituciones privadas, pero también a la red pública distrital. Solo las seis ESE de la ciudad acumulan deudas que superan los $ 65.000 millones.

Uno de los casos más representativos es el del Hospital Universitario del Valle, HUV, la única institución pública de tercer nivel que continúa atendiendo de manera sostenida a usuarios de EPS intervenidas.

Sobre esta situación, la gobernadora Dilian Francisca Toro advirtió: “Por ahora, solamente el Hospital Universitario del Valle le está prestando servicio a usuarios de la Nueva EPS, lo que genera un exceso de pacientes a los que a veces no se les puede dar la prontitud y la calidad de la atención que necesitan”.

De acuerdo con el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar Morales, la cartera del HUV podría superar los $600.000 millones y la presión asistencial se traduce en servicios congestionados, mayores tiempos de espera y una sobrecarga permanente para su personal.

El funcionario ha reiterado que los pacientes “deben tener continuidad en su tratamiento, en su entrega de medicamentos y en sus autorizaciones”, un objetivo que hoy se ve comprometido por la falta de flujo de recursos.

Sobre este punto, la Secretaria de Salud del Valle advirtió que la interrupción de tratamientos ya es evidente “en pacientes con enfermedades huérfanas, hipertensos, diabéticos y trasplantados”, una afectación cuyos efectos, señaló, solo podrá medirse plenamente en los próximos años.

Solo en Cali, durante 2025 se gestionaron 25.981 casos relacionados con barreras de acceso a los servicios de salud. La mayoría de las quejas estuvieron asociadas a la demora en la asignación de citas con especialistas (27 %), la entrega de medicamentos (19%) y la programación de procedimientos (11 %).

Para atender esta demanda, la Secretaría de Salud Distrital ha dispuesto un equipo de 40 defensores del paciente, que acompañan a los usuarios en la reclamación de sus derechos.

Medidas de alivio que no alcanzan

Frente a este panorama, el Gobierno Departamental ha implementado estrategias para mitigar los efectos más urgentes de la crisis.

Entre ellas se cuentan la destinación de $ 12.800 millones para apoyar el pago de nóminas en hospitales como el HUV, el Mario Correa Rengifo, el Isaías Duarte Cancino y el Tomás Uribe Uribe, de Tuluá, así como el programa de Desconcentración de Servicios que ha permitido llevar atención especializada a más de 15.000 vallecaucanos en sus municipios.

“Hemos logrado mantener abiertos los 40 hospitales del departamento e incluso incrementar servicios y tecnología con recursos propios del Valle”, indicó Lesmes, quien subrayó que la red pública, a diferencia de la privada, “no puede cerrar servicios”.

También se ha fortalecido el parque automotor con nuevas ambulancias.

Responsabilidad del Estado

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo fue enfática al señalar que la situación del Valle del Cauca no es un hecho aislado, sino parte de una crisis nacional que también afecta a departamentos como Antioquia, Boyacá, Santander, Huila, Tolima y San Andrés y Providencia.

En ese contexto, solicitó al Ministerio de Salud “abstenerse de emitir declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno Nacional de garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad para todas las personas”.

En particular, manifestó su preocupación por la situación de la Nueva EPS y por medidas como el embargo de sus cuentas, que terminan agravando la falta de liquidez de hospitales y dispensarios.

El organismo humanitario pidió al Ministerio de Salud mejorar los canales de comunicación y asumir con mayor responsabilidad su obligación de garantizar el derecho fundamental a la salud. Para la Defensoría, la falta de empatía frente a la angustia de pacientes y trabajadores del sector no solo es preocupante, sino incompatible con el deber del Estado.

En esa misma línea, la Secretaria de Salud del Valle advirtió que, a su juicio, las decisiones del Gobierno no han priorizado la urgencia financiera del sistema.

“La construcción de infraestructura hospitalaria era importante, pero no era la urgencia. La conformación de equipos básicos no resolutivos era deseable, pero no urgente”, dijo y agregó que “necesitábamos un sistema de información que permitiera poner las cuentas en blanco y negro y corregir la corrupción”.