Expectativa: Corte llega al debate por las facultades de la Procuraduría

Noviembre 28, 2022 - 11:55 p. m. 2022-11-28 Por:
Colprensa
Congreso

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó quitarle algunas facultades a la Procuraduría General.

Foto: Colprensa/El País

Pese a que el tema ya fue aprobado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el Congreso de la República no tendría la última palabra sobre la eliminación de las facultades de Procuraduría General de la Nación para suspender a los funcionarios elegidos por voto popular.

Esto porque en los próximos semanas la Corte Constitucional deberá responder una demanda interpuesta en contra de ese ente de control por las atribuciones que justamente en ese sentido se le otorgaron durante la legislatura que terminó en julio pasado.

Es que el tema viendo siendo objeto de discusión política y decisiones judiciales desde diciembre del 2013, cuando el entonces procurador general Alejandro Ordoñez destituyó a Gustavo Petro de su cargo como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó para ejercer funciones públicos durante quince años.

Como se sabe, el hoy Presidente de Colombia demandó la decisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, y logró que esa instancia internacional tumbara el fallo y estableciera que una entidad administrativa, como la Procuraduría, no puede destituir a funcionarios que han sido elegidos popularmente.

Le puede interesar: Lo que se sabe sobre el presunto complot que denunció Nestor Humberto Martínez

Además, la Corte instaba al Congreso de la República a legislar sobre el particular, por lo que los senadores y representantes a la Cámara del anterior periodo optaron por reformar el organismo de control y facultarlo legalmente, a través de la Ley 1952 de 2019, para que pueda tomar decisiones judiciales tales como destituir a funcionarios de elección popular.

Sin embargo, en medio de la discusión de la reforma política que actualmente cursa en la Cámara, el representante por el Pacto Histórico Heráclito Landinez propuso modificar el artículo 40 de la Constitución Política para que solo sea un juez de la República quien pueda limitar los derechos políticos de los ciudadanos elegidos por ese mecanismo.

Y aunque la iniciativa ya fue aprobada con 22 votos a favor y 7 en contra en el tercero de los ocho debates que debe surtir en el Legislativo antes de convertirse en ley, la Corte Constitucional podrí darle un giro al tema.
Esto porque el alto tribunal está estudiando una demanda interpuesta por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en contra la Ley 1952, porque, en su concepto, iría en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos (Cadh).

“Desconoce que los funcionarios públicos de elección popular solo pueden ser retirados de su cargo, según el estándar convencional, por condena de un juez competente en el marco de un proceso penal”, dice entre los argumentos presentados a la Corte.

Según los demandantes, la reforma del 2019 desnaturalizó el papel de la Procuraduría porque la concentró en funciones disciplinarias y judiciales, vulnerando de paso el principio de separación de poderes.

Agregan que lo se busca evitar es que las investigaciones disciplinarias sean utilizadas como un mecanismo para perseguir políticamente a opositores, como en ese momento, de acuerdo con la Cidh, actuó Ordoñez con respecto al entonces Alcalde Bogotá.

Concepto demorado

Uno de las razones por las que este fallo de la Corte Constitucional ha tardado más de lo usual en proferirse es porque altos funcionarios del Ministerio Público tuvieron que declararse impedidos para emitir el concepto que por obligación legal ese organismo tiene que proferir sobre cada una de las demandas de constitucionalidad que cursan ante el alto tribunal.

Le puede interesar: Fajardo propone al Gobierno crear un libro en blanco sobre la corrupción en Colombia

Así procedió la hoy procuradora general, Margarita Cabello Blanco, y el viceprocurador general (e), Silvano Gómez Strauch, debido a que ambos participaron en la creación de la norma.

Al final, el concepto quedó a cargo del procurador auxiliar para Asuntos Constitucionales, Juan Sebastián Vega, quien le ha pedido a la Corte desestimar los argumentos de la demanda bajo el argumento de que el control disciplinario es un elemento esencial para luchar contra la corrupción por parte de los servidores públicos.

Además, ha agregado que así como Colombia está vinculada a la red Interamericana de Derechos Humanos, también se ha comprometido a nivel internacional a sancionar las prácticas más graves contrarias a la ética pública y a establecer “medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que la transgreda”.

De acuerdo con el procurador Vega, ese organismo de control cuenta con procedimientos que “ofrecen todas las garantías del debido proceso, incluidas las prerrogativas de imparcialidad e independencia del operador jurídico y de presunción de inocencia”.

¿Qué dice el Ministerio Público?

Con respecto a lo que algunos catalogan un ‘mico’ que se ha incluido en la reforma política que cursa actualmente en el Congreso, la Procuradora General ha advertido que dejar a ese organismo sin facultades jurisdiccionales puede fomentar la corrupción, en la medida en que contribuye a la impunidad en el país.

Le puede interesar: Cancillería comenzó con el restablecimiento de cargos diplomáticos en Venezuela

“Donde no haya la posibilidad de investigar disciplinariamente a los funcionarios de elección popular, lo que va a regir en el país es la impunidad”, precisó.

Y aunque el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que despojar al Ministerio Público de esa facultad no le impedirá imponer otro tipo de sanciones o trasladar los casos a la justicia penal, para Margarita Cabello no basta con lo penal, si se quiere controlar a los empleados del Estado.

“Sería una impunidad absoluta que solamente por delitos puedan ser sancionados los funcionarios de elección popular, y que no les apliquen todas las medidas de carácter disciplinario que se refieren a la ética y a la rectitud en el comportamiento”, puntualizó la Procuradora General.

Así las cosas, la Corte Constitucional tendrá que encontrar una solución salomónica que permita no aflojar en la lucha contra la corrupción de los servidores públicos en el país, pero tampoco desvirtuar la naturaleza del mencionado organismo de control.

Entre tanto, a las plenarias de Senado y Cámara pasará la discusión después de lo aprobado por la Comisión Primera de esta. Y se sabe desde ya que será una polémica álgida.

VER COMENTARIOS