Gobernadores alistan acciones jurídicas contra decreto de emergencia económica del Gobierno Petro: “Es inconstitucional”

Asegurando que es una medida “inconstitucional” y que “pone en riesgo” la autonomía de las regiones, los gobernadores del país preparan acciones jurídicas contra el decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda.

Esa fue la decisión que tomaron los mandatarios regionales al concluir una reunión extraordinaria realizada en las instalaciones de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

Durante el encuentro, los gobernadores coincidieron en que el Decreto 1474 de 2025, que incrementa el Impuesto al Consumo y eleva el IVA del 5 % al 19 % para productos como licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco, representa una amenaza directa para la estabilidad fiscal de los departamentos.

Ante ello, acordaron analizar de manera urgente el instrumento jurídico idóneo para frenar sus efectos, mientras la Corte Constitucional se pronuncia de fondo sobre la legalidad del estado de emergencia económica declarado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los gobernadores no descartan la aplicación de una excepción de inconstitucionalidad, al considerar que existe un riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte, sectores que dependen en gran medida de los recursos provenientes del impuesto al consumo.

Los implicados solicitarán un espacio formal de intervención ante la Corte Constitucional, para lo cual conformaron una comisión representativa integrada por las gobernadoras Adriana Magali Matiz, del Tolima, y Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca; así como por los gobernadores Andrés Julián Rendón, de Antioquia; Luis Francisco Ruiz, de Caquetá; Luis Alfonso Escobar, de Nariño, y el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

Adicionalmente, le pidieron al Gobierno Petro la realización urgente de Consejos Regionales de Seguridad, con el fin de analizar las medidas que serán incluidas en el Plan Democracia.

Según indicaron, estos espacios son clave “para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, control territorial, confinamiento, zonas vedadas y favoritismo electoral mediante el uso de las armas”.

Frente a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores exigieron respeto por la institucionalidad que representan. Señalaron que calificarlos como un “mal ejemplo” deslegitima su mandato y desconoce la autoridad y la labor responsable y permanente que ejercen en sus territorios, en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.

A propósito del decreto, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue enfática al advertir que no se aplicará el impuesto al consumo mientras no haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

“Diecisiete gobernadores hemos dicho que no vamos a aplicar el decreto”, afirmó. Según la mandataria, el impacto en productos emblemáticos como el aguardiente podría ser crítico.

“El aumento del impuesto de consumo podría generar un incremento en el precio entre el 30 % y el 40 %”, detalló.