Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, habla del futuro de este tribunal: “Las grandes verdades están en nuestras sentencias”

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tribunal que nació luego del acuerdo de paz del 2016, enfrenta un nuevo escenario político con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que no ha mostrado interés en fortalecer este órgano judicial.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, habla de esta expectativa, de las verdades conocidas en las audiencias y de la importancia para las víctimas del trabajo realizado en este tribunal, que este año dio a conocer las primeras sentencias.

¿Cómo analiza el momento de la JEP y qué piensa que va a pasar a futuro?

Nosotros nos encontramos en un momento muy importante porque estamos finalizando nuestras investigaciones. Ya hemos expedido cuatro sentencias, dos restaurativas, dos por la vía adversarial. Confiamos en que de aquí a final de año, lleguemos a siete u ocho sentencias.

Entonces, ya estamos profiriendo decisiones de fondo, y seguiremos actuando dentro del marco de la Constitución y la Ley. Seguimos cumpliendo normalmente nuestra misión constitucional.

¿Cree que este trabajo ha valido la pena en ese proceso de reconciliación en Colombia? ¿Las víctimas han obtenido justicia?

Las críticas, nosotros obviamente las conocemos, las analizamos, principalmente aquellas que vienen de las víctimas, que es lo que realmente nos interesa. Y obviamente, siempre estamos en un mejoramiento.

No somos perfectos, siempre estamos atentos a todos los comentarios. Pero yo creo que las verdades judiciales que se han obtenido en la JEP, a pesar de lo dolorosas, han sido muy importantes para sanar las heridas de miles de víctimas.

Al contrario de lo que la sociedad colombiana cree, hay muchas víctimas, y yo hablo con ellas, para las que la cárcel no les interesa para nada. Lo que les interesa es saber la verdad.

Y una vez obtienen la verdad, que no la habían obtenido antes, esas víctimas ya se encuentran satisfechas. Y por el lado de los comparecientes, también he tenido muchos casos, porque yo también he instruido estos casos, donde hay comparecientes que genuinamente sí están arrepentidos, y que sí han contado plenamente la verdad. Y esa es la reconciliación.

Esta reconciliación pasa por obtener la verdad. La verdad es la única forma de obtener la reconciliación. La reconciliación no se puede obtener sin saber ni que está perdonando usted.

Para eso se ha servido la JEP, para llevar a cabo ese proceso doloroso de catarsis colectiva, entre víctimas y victimarios, y finalmente, en algo, sanar el dolor que tienen.

¿Qué decirle al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, que ha dicho que quiere acabar la JEP?

Nosotros ya le enviamos una comunicación, en el sentido de establecer un diálogo institucional dentro del principio de separación de poderes, autonomía judicial y colaboración armónica. Pero yo creo que la reflexión debería ser: ¿qué hubiera pasado si la JEP no hubiera existido? O sea, ¿cómo estaríamos sin un acuerdo de paz, y sin la JEP, que es uno de los componentes esenciales del acuerdo? ¿Qué hubiera pasado en Colombia en esos 10 años?

Si imaginamos que esto no hubiera pasado, pues tendríamos a 13.000 combatientes de las FARC, y seguramente muchos más en armas todavía. Y, por el lado de la Fuerza Pública, pues seguirían privados de la libertad, y no hubieran tenido una segunda oportunidad.

Es que no se habla mucho de eso, pero realmente quienes han tenido una segunda oportunidad de vida han sido muchos miembros de la Fuerza Pública que estaban privados de la libertad, condenados a 40 o 50 años de cárcel.

Gracias al proceso de paz, y gracias a la JEP, pues hoy tienen una segunda oportunidad a cambio de que digan la verdad.

Entonces, creo que, más allá de los prejuicios o de las preconcepciones, es necesario hacer un examen objetivo. Miremos cómo estaban las cosas antes y cómo están ahora, y hagamos ese balance de si hubiera sido preferible 10 años más de guerra, y pues yo creo que la respuesta es bastante obvia.

Si esto es así, ¿por qué hay una narrativa que dice que la JEP ha favorecido más a los que fueron guerrilleros que a la misma Fuerza Pública?

Creo que basta con mirar los datos para darse cuenta de que eso no es verdad. En relación con las antiguas FARC, nosotros hemos investigado, como nunca lo había hecho la justicia colombiana. El secretariado tenía penas, en el pasado, de 40 o 50 años que nunca se cumplieron y por delitos de rebelión, uno que otro por secuestro y terrorismo.

Pero ellos ni habían contado la verdad, ni habían estado ante las víctimas; no había condenas por los 18.677 menores de edad reclutados, ni tampoco por violencia sexual, en este punto no había absolutamente nada, tampoco había nada de delitos ambientales o victimización contra pueblos étnicos.

Y en relación con los mandos medios, estaban muy poco judicializados. Nosotros estamos investigando mucho más allá de lo que se había hecho. O sea, la investigación contra las FARC es grandísima.

Por el contrario, la Fuerza Pública sí estaba más judicializada, es que realmente los que más estaban privados de la libertad no eran los de la guerrilla, eran los de la Fuerza Pública. Y los de la Fuerza Pública, por el acuerdo de paz, y por someterse a la Jurisdicción, han recibido libertades condicionadas, más de 1.500 integrantes.

¿Usted cree que se podría venir una batalla jurídica en contra de la JEP por los que quieren acabarla?

Nosotros seguimos trabajando independientemente de las opiniones políticas, independientemente de las críticas. Nuestro escenario es lo judicial.

Cumplir la Constitución, la ley, y mientras eso esté vigente, lo vamos a cumplir. Independientemente de las críticas que recibamos.

¿Cree que este modelo se podría replicar si continuará, pese a que el gobierno entrante ha mostrado su rechazo?

Yo creo que sí. Creo que es un buen modelo, es un modelo que ha mostrado sus bondades. Es un modelo que se puede pensar o repensar. La justicia ordinaria tradicional no tiene todas las herramientas metodológicas para lograr unos fines de reconciliación porque la justicia tradicional es punitiva solamente.

Es difícil hacer algún tipo de negociación donde usted lo único que le vaya a ofrecer es 50 años de cárcel. Entonces, creo que más que el modelo son las experiencias restaurativas que incluso le podrían servir a la justicia tradicional colombiana. La justicia colombiana tiene muy pocos escenarios restaurativos, muy poquitos.

Creo que esta experiencia, más allá de cualquier proceso de paz que se intente o no, también le podría servir a la justicia ordinaria.

¿Lo más contundente ya salió a la luz o todavía faltan cosas duras para que el país conozca?

Creo que las grandes verdades ya están allí. O sea, las grandes verdades del conflicto ya están en nuestros autos. Y es que no se le olvide que también hubo una Comisión de la Verdad, que también sacó muchas cosas.

Nosotros hemos sacado también otras verdades, pero yo creo que si uno suma el informe de la Comisión de la Verdad con todo lo de la JEP, logramos un enorme avance en términos de verdad.

La demanda de justicia es enorme en Colombia. La impunidad es muy elevada. Nosotros hicimos o venimos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo, pero efectivamente, hasta el último detalle, hasta la última verdad, seguramente no se van a terminar de conocer.

¿Está satisfecho con el trabajo realizado?

Creo que el resultado es muy favorable. Obviamente hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, como toda obra humana. Es que ninguna obra humana es perfecta. Seguramente algunas cosas las hubiéramos podido hacer mejor, pero cuando examino las verdades que hemos descubierto, cuando miro las audiencias en las que he participado, cuando asisto a la entrega digna de las víctimas que no hayan sido nunca exhumadas, porque esas verdades no se sabían y las dan los comparecientes, pues creo que sí hemos hecho el trabajo.

¿Qué eso hubiera podido ser mejor? Quizá, como toda obra humana. Pero yo sí creo que hemos hecho un esfuerzo enorme por cumplir nuestro mandato.

¿Por qué cree que no avanzamos en ese proceso de reconciliación, de manera significativa, en Colombia?

Creo que parte de la clave a esa respuesta está en el informe de la Comisión de la Verdad.

La Comisión de la Verdad habló de la persistencia de la violencia en Colombia. Y es un poco como las violencias se han venido reciclando. Por ejemplo, el Clan del Golfo, son los mismos con otro nombre. Las disidencias, ¿de dónde surgieron las disidencias? Unos que no negociaron la paz y otros que se salieron. El ELN, que nunca estuvo en un acuerdo de paz.

Entonces, si todas las FARC hubieran seguido en la JEP, como está el 85%, pues igual tampoco habría paz del todo, porque estaba por fuera el ELN, el Clan del Golfo. Son muchos actores armados. Y nosotros tratamos de hacer justicia transicional en un país que sigue en guerra. Eso es lo complicado. Y además con los actores mucho más fragmentados.

Pero eso es para decirle que, infortunadamente, no hemos logrado hacer una transición completa. Es que lo complicado del modelo colombiano es que tenemos un modelo transicional que fue Justicia y Paz, que todavía existe. Estamos nosotros cumpliendo con nuestro plazo.

Cualquier manual de justicia transicional le dice lo que es una transición, es pasar a otra cosa. Y nosotros no hemos logrado pasar de una cosa a la otra plenamente. ¿Y por qué no hemos logrado pasar? Porque nunca han estado todos los actores del conflicto armado.

“Vendrán más sentencias”

¿Hablemos de esas primeras sentencias que han salido después de estos ocho años de trabajo de la JEP?

La primera sentencia que se profirió fue contra el antiguo secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros, pero no solamente es este tema, hay 13 crímenes internacionales.

La segunda sentencia fue contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa por la comisión de 135 ejecuciones extrajudiciales, también por la vía restaurativa.

La tercera fue la sentencia condenatoria contra el antiguo comandante del Batallón La Popa, Julio Hernán Mejía, que está actualmente en apelación.

La cuarta fue contra un excomandante de un batallón de Casanare, igualmente por el tema ejecuciones. Él se sometió a sentencia anticipada, fue una condena de 5 años y 3 meses.

En las próximas semanas saldrá otra sentencia restaurativa relacionada con los hechos del cementerio La Merced de Dabeiba (Antioquia). De igual manera, hay otro comandante del Batallón La Popa, Coronel Juan Carlos Figueroa, que aceptó cargos, entonces también va a haber una sentencia. Posiblemente saldrá otra que tiene que ver con los jóvenes que fueron engañados y asesinados en Norte de Santander.

¿Qué tipo de justicia se ha aplicado a estas personas?

Hay dos modelos de justicia: restaurativo y adversarial. Si nos vamos por el modelo restaurativo, las penas son entre 5 y 8 años, pero no son privativas de la libertad, o sea, no hay cárcel. Pero que no haya una cárcel no quiere decir que no estén limitados.

Ellos van a tener que cumplir sus sentencias en unos sitios delimitados geográficamente, georreferenciados, con un monitoreo, desarrollando unas actividades a favor de las víctimas, que tienen que ver con el tema de búsqueda de desaparecidos, memorialización, temas medioambientales y desminado humanitario.

Si usted se va por la vía adversarial, o sea, donde niega responsabilidad, pues se somete a un juicio, parecido a la justicia ordinaria, y puede resultar inocente o culpable.

En el tema de Fuerza Pública, por ejemplo, el 85 % de comparecientes se fueron por las mismas sentencias de las FARC, es decir, sentencias restaurativas. Y el otro 15 % está en la adversarial y allí se establecerá si son culpables o inocentes.

¿En lo que se refiere al Valle del Cauca cómo avanzan las investigaciones?

Hay macrocasos que son transversales y que investigan en todo el país, por ejemplo, el secuestro que también ha tocado al Valle del Cauca. El año pasado hicimos una audiencia con los responsables del secuestro de los diputados.

Hay otro macrocaso, que es el cinco, referido al sur del Valle y al norte del Cauca. Ahí también ya se imputó a una cantidad de integrantes, mandos medios de las FARC, por delitos contra comunidades étnicas. De igual manera, en el caso siete, que es de reclutamiento, también hay situaciones referidas al Valle del Cauca. Y en el caso tres, que son de ejecuciones, también hay casos del Valle del Cauca.

¿Qué pasa con los casos que no se alcancen a concluir en este tiempo en el que está prevista la vida de la JEP?

Estamos haciendo todo el esfuerzo por concluirlo todo. No me atrevo a decir qué va a pasar. Ya mis colegas tendrán que examinar el marco jurídico y tomar las decisiones que consiguieron en su momento.