Freno en el Congreso a las intenciones de De La Espriella de flexibilizar la nómina y contratación estatal

La comisión del Congreso nombrada para estudiar las objeciones presidenciales al proyecto de ley del senador Hernán Cadavid rechazó la mayoría de las observaciones del mandatario Abelardo De La Espriella. La iniciativa busca evitar la modificación de los manuales de funciones en las entidades estatales para flexibilizar el acceso a los cargos públicos.

De los reparos presentados por el Ejecutivo, únicamente se aceptó el ajuste al título de la ley para adaptarlo a su contenido normativo. Las demás objeciones de constitucionalidad y conveniencia fueron descartadas por los ponentes.

“A las Plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes acoger la objeción relacionada con la correspondencia entre el título y el contenido material del Proyecto de Ley número 056 de 2024 Cámara - 345 de 2024 Senado, y aprobar la modificación propuesta al título”.

El Gobierno argumentó que restringir la reducción de requisitos limita la capacidad de organización administrativa y genera problemas en los empleos de libre nombramiento. Ante esto, la comisión señaló que el Congreso tiene la facultad legal de definir topes y regular las condiciones de ingreso al sector público.

“La ley puede establecer límites objetivos al ejercicio de las competencias administrativas y la naturaleza de los empleos de libre nombramiento y remoción no excluye la competencia del legislador para regular requisitos de acceso”.

Frente a la objeción sobre requerir conceptos previos de Función Pública y del Consejo de Estado antes de alterar un manual de funciones, la Casa de Nariño sostuvo que esto implicaba una coadministración con la rama judicial. La comisión desestimó la postura argumentando que la consulta previa está contemplada en la Constitución y respaldada por jurisprudencia.

“La Comisión no acoge el reparo. El artículo 237, numeral 3, de la Constitución dispone expresamente que el Consejo de Estado debe ser oído en los casos que determinen la Constitución y las leyes. La Sentencia C-031 de 2023 reconoció un ámbito legal de regulación de la función consultiva y diferenció dicha función de las competencias jurisdiccionales de la Corporación”.

El Ejecutivo también objetó que omitir este procedimiento califique como falta disciplinaria gravísima. Los congresistas mantuvieron el texto bajo el argumento de que la norma no exime de demostrar la culpabilidad y la responsabilidad individual en cada caso.

“La Comisión no acoge la objeción a la existencia de una falta disciplinaria específica. El legislador puede describir conductas que estime especialmente lesivas de los deberes funcionales, sin que esa tipificación elimine la obligación de acreditar ilicitud sustancial y culpabilidad en cada caso”.