Activista de izquierda pide proceso ético contra Gustavo Petro tras denuncias de Deicy Jiménez

La abogada y activista Juliana Beltrán Moya, activista de izquierda, le pidió a la Comisión Nacional de Ética del Pacto Histórico que le abra un proceso disciplinario interno al expresidente Gustavo Petro.

La solicitud se da luego del escándalo provocado por la filtración de un video íntimo y las graves denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que le exigieron favores sexuales a cambio de entregarle contratos con el Estado.

Beltrán fue enfática en que las directivas del partido no pueden mirar para otro lado ni dejar pasar de largo este asunto. Por eso, sugirió evaluar de una vez la salida preventiva del exmandatario de sus funciones en la colectividad mientras todo se aclara.

“Que la Comisión examine de oficio la denuncia de Deicy Jiménez y, si procede, recomiende la ‘separación provisional del cargo’ de Petro, con garantías para ambas partes”, planteó la abogada, recordando que las normas del partido obligan a revisar la conducta de sus líderes sin perder de vista la presunción de inocencia.

Sin embargo, la jurista también puso el dedo en la llaga sobre lo que realmente debe demostrar la justicia. Para Beltrán, un video en una habitación no prueba por sí solo un delito de corrupción o un abuso de poder.

“Una cosa es que haya habido intimidad y otra es demostrar que esa intimidad fue una condición para recibir o mantener contratos públicos”, explicó. Del mismo modo, pidió que a la joven se le brinde toda la protección como presunta víctima, aunque criticó que se ande ventilando la vida privada del exjefe de Estado en redes sociales antes de que las autoridades hablen con pruebas en la mano.

El caso ya está ardiendo en los estrados judiciales. Tanto la Fiscalía como la Corte Suprema de Justicia tienen la lupa puesta sobre más de diez contratos que Jiménez firmó con entidades públicas entre 2019 y 2026, los cuales superan los 100 millones de pesos.

Entre tanto, la defensa de Petro insiste en que el exmandatario jamás usó recursos del Estado ni su posición para pedir favores personales, argumentando que las grabaciones filtradas no demuestran ninguna orden ni decisión administrativa irregular.

Por ahora, será un juez de República quien determine si efectivamente hubo conductas punibles por parte de Deicy Jiménez, mientras que el expresidente Petro tendrá que afrontar un proceso en la Cámara de Acusaciones por su fuero presidencial.