Tres patrones de criminalidad revelan la magnitud de los crímenes de las Farc en 15 departamentos, según la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso histórico al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 excomandantes de las extintas Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y otros integrantes del último secretariado.

Según la JEP, está decisión se sustenta en una radiografía judicial que abarca hechos ocurridos en 15 departamentos del país, donde operaban los bloques oriental y sur de la guerrilla, responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Para explicar la magnitud de las conductas, la Sala de Reconocimiento agrupó los hechos en tres patrones de criminalidad que permiten comprender cómo funcionó la estructura armada.

El primer patrón corresponde a los crímenes cometidos en medio de las hostilidades. Allí se documentaron tomas guerrilleras, hostigamientos, emboscadas y ataques contra estaciones de Policía y bases militares, además del uso de minas antipersonal y explosivos que afectaron gravemente a la población civil.

Entre los casos más emblemáticos figuran la toma de Mitú, en noviembre de 1998, que se prolongó por 72 horas y dejó 56 muertos, y el combate de El Billar, en Caquetá, donde murieron 64 militares tras enfrentarse a cerca de 1.800 guerrilleros. Estos hechos reflejan la intensidad de la confrontación y el impacto devastador sobre comunidades enteras.

El segundo patrón reúne los crímenes relacionados con el control territorial ejercido por las Farc. La JEP concluyó que estas acciones buscaban consolidar la presencia de la guerrilla en las zonas donde operaba, mediante tres modalidades: castigar a quienes desobedecían sus órdenes o se resistían al reclutamiento forzado; atacar a personas señaladas de colaborar con la fuerza pública o con otros grupos armados; y generar un “vacío de poder” mediante atentados contra alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales para debilitar la institucionalidad.

La Sala documentó 807 registros de desplazamiento forzado, 284 homicidios, 231 desapariciones forzadas, 47 hechos de violencia sexual y 14 casos de tortura, evidenciando la sistematicidad de estas prácticas.

Los liderazgos campesinos, las juntas de acción comunal y organizaciones como Anuc y Anmucic fueron blanco de persecución, lo que muestra la intención de controlar la vida social y política en las regiones.

El tercer patrón se refiere a los atentados con explosivos de gran magnitud y homicidios selectivos contra personas declaradas “objetivo militar”. Entre los hechos más recordados están los rockets disparados contra el Palacio de Nariño durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, que dejaron 31 muertos; el atentado contra el Club El Nogal, con 36 víctimas fatales y cerca de 200 heridos; la moto bomba en Villavicencio, con 14 muertos; y la casa bomba en Neiva, que mató a 15 personas, incluida una fiscal.

La guerrilla también reconoció su responsabilidad en atentados contra figuras públicas como Fernando Londoño, Germán Vargas Lleras y Jorge Visbal Martelo, así como en los asesinatos del economista Jesús Bejarano y del general (r) Fernando Landazábal.

La decisión de la JEP incluye además la primera imputación conjunta con el Caso 11 sobre violencia sexual y basada en género, al establecer que las Farc utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo contra mujeres que desafiaban su autoridad o durante las hostilidades.