Se mantiene aún en 96 la cifra de desaparecidos tras tres meses del terremoto

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que en su base de datos hay 96 personas desaparecidas. Son siete menos que las 103 que reportó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en su último informe público, entregado a los medios de comunicación hace cuatro semanas.

Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, explicó a El Tiempo, la diferencia entre las cifras: “En nuestra base de datos todavía aparecen esas personas dadas como desaparecidas. ¿A qué se debe que de pronto no aparezcan? Puede ser por variables como que algunas personas pudieron haber aprovechado el momento para manifestar la desaparición de alguien, un hermano, un familiar que lleve un tiempo desaparecido. O también puede ocurrir que en los escombros aún haya cuerpos no recuperados ni identificados, y a medida que avance la remoción se irán encontrando todavía algunas personas”.

El Reporte Situacional N.º 102 de la Ungrd es el último divulgado hasta el cierre de esta edición. Contabilizó 335 muertos, 4.516 heridos y 103 desaparecidos por el sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La entidad advirtió que las cifras son preliminares.

La Ungrd también administra el Registro Único de Damnificados, RUD, la base que orienta la atención a las familias. Allí figuran 305.791 familias y 489.862 personas en 500 municipios de 16 departamentos.

El RUD cerró el 4 de septiembre. Cinco días después, la Cruz Roja Colombiana también le informó a los medios de comunicación que el registro tenía 661.205 personas. La Defensoría del Pueblo pidió reabrirlo, y la Procuraduría advirtió que pudieron quedar por fuera familias rurales, pues se cerró antes de terminar las evaluaciones de las viviendas.

En ese momento, la Ungrd reportaba 36.478 casas destruidas y 207.889 averiadas. Casi dos meses después del sismo, en un comunicado del 7 de octubre, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, habló de “cerca de 500 mil viviendas afectadas y 52 mil viviendas destruidas”. Aclaró que “es un balance que aún está en construcción”.

Según cálculo de congresistas y profesionales con base en las estimaciones oficiales, el costo de recuperar y reconstruir lo destruido creció 80 por ciento entre agosto y octubre. La primera cifra, del 17 de agosto, fue de 30 billones de pesos. En octubre, durante el congreso de Camacol, el ministro Beltrán la elevó a 54 billones, de los cuales unos 19 billones corresponden a vivienda.

Hasta ahora, los recursos públicos para atender los frentes de reconstrucción tienen dos fuentes: crédito del Banco Mundial. Son 200 millones de dólares, firmados por el país en junio de 2025 como reserva para desastres, es decir, un préstamo aprobado de antemano que se activa cuando ocurre una emergencia. El dinero llegó el 13 de agosto, tres días después del terremoto.

Apoyos económicos de la Ungrd. Se pagan durante tres meses a las familias con vivienda destruida o inhabitable, entre 787.907 y 1’050.543 pesos mensuales según la categoría del municipio. Según un balance de Presidencia del 22 de octubre, suman unos 377.000 millones de pesos.

Estos apoyos dependen del RUD y solo llegan a las familias inscritas con corte al 24 de agosto. Su entrega avanza de forma desigual: Risaralda: se han hecho efectivos 9.975 pagos por unos 10.120 millones de pesos, y quedan pendientes cerca de 3.400. En Caldas, al 28 de octubre se habían cobrado 2.910 de los 3.827 giros programados. Y Quindío, solo los damnificados de Quimbaya han recibido el apoyo.

El Gobierno anunció que en noviembre el Fondo Milagro recibiría 826.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda para mejoramientos y viviendas nuevas, y otros 2,7 billones. Estos últimos forman parte de una adición al Presupuesto General que las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el miércoles 4 de noviembre.

Todavía debe pasar por las plenarias de Cámara y Senado. El dinero saldría del recaudo extraordinario de los alivios tributarios del Decreto 1419. Congresistas como el representante Miguel Grisales cuestionaron “la falta de claridad y garantías de transparencia”.

El fondo nació con el Decreto 1379 del 9 de septiembre. Es un patrimonio autónomo del Ministerio de Hacienda administrado por Fiducoldex, entidad contratada de manera directa por 142 salarios mínimos al mes, unos 248 millones de pesos.

“El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo”, advirtió el presidente Abelardo De La Espriella el 17 de agosto.

Los aportes de los particulares van por fuera del Fondo Milagro. El 22 de octubre, el presidente De La Espriella dijo que los empresarios han aportado más de un billón de pesos y que ellos mismos lo administran a través de sus organizaciones.

Por su parte, la primera dama, Ana Lucía Pineda, maneja los recursos de su fundación, Colombia Luz y Sonrisas. Su informe, con corte al 16 de octubre, reporta 54.589 millones de pesos recibidos, reservados para seis colegios y centros de salud en Cali y para 35 viviendas nuevas.

El Consejo Directivo del Fondo Milagro está integrado por cinco representantes del presidente, un delegado de Planeación Nacional y uno de Hacienda. Su primera sesión fue el 15 de octubre, y ese día la representante Cathy Juvinao advirtió que “aún no hay manual operativo ni de contratación aprobados”.

Una semana más tarde, el presidente De La Espriella presentó el primer balance de recursos y afirmó que la gestión del Fondo “debe reflejarse en resultados que transformen la vida de las comunidades”. El 25 de octubre, en su alocución, aseguró que la hoja de ruta ya había empezado a ejecutarse.

En noviembre los manuales ya existían, pero Juvinao los cuestionó tras revisarlos. Según la congresista, el Consejo solo autoriza contratos superiores a 17.509 millones de pesos, y como las adiciones no tienen tope, “un contrato de $ 1.700 millones podría crecer hasta diez veces”.

El debate de control político sobre estos recursos sigue sin realizarse. A finales de octubre, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el director de la UNGRD, David Tamayo Roldán, y el gerente del Fondo, Jaime Uribe Tamayo, enviaron una carta para pedir que se aplazara la sesión a la que estaban citados el 23 de octubre.

El Ministerio anunció 1,7 billones de pesos para la reconstrucción, repartidos entre Fonvivienda y el Fondo Milagro.

De ahí que el 30 de octubre proyectó entregar hasta 5.000 casas nuevas, casi todas ya construidas. De ellas, 1.077 son donadas, y Camacol reporta 4.700 en inventario.También planea cerca de 20.000 viviendas nuevas en tres años.

El ministro Beltrán le explicó ante varios medios de comunicación que, de unos 700.000 millones de pesos de su presupuesto de vivienda, el 83 por ciento ya está comprometido en vigencias futuras y solo quedan 88.000 millones libres. “La proyección financiera nos toca concentrarla en la reconstrucción”, afirmó.

Pereira. La Alcaldía informó que 480 estructuras deben demolerse por completo y que ya hay 90 en proceso. La implosión del edificio Invico está prevista para el 15 de noviembre, con el presidente De La Espriella presente. Para otras construcciones, como el edificio Colombia, la ciudad gestiona recursos con el Fondo Milagro.

Manizales y Caldas. En Manizales se han derribado 15 estructuras en riesgo, la mayoría en el barrio Milán. En Caldas, unas 800 familias de veinte municipios recibieron materiales de construcción. En Cali, las primeras nueve viviendas nuevas se entregaron el 24 de septiembre. Además, el Ministerio de Vivienda anunció 155 auxilios para la compra de casas y 200 subsidios de mejoramiento, y ya se intervinieron 36 de los 76 edificios más afectados.

Mientras tanto, en Chocó, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba calcula unas 30.000 viviendas por reparar y 7.800 por reconstruir. A finales de octubre presentó sus proyectos al Fondo Milagro.

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que mantenga los decretos que declararon la emergencia económica y que precise que cobijan a todos los municipios donde la Ungrd reportó afectaciones. También advirtió que en Risaralda, Quindío y Caldas aún no se han entregado todos los auxilios.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, alertó sobre retrasos en los subsidios de arriendo, hospitales con menor capacidad y colegios sin reparar en el Pacífico. Mientras tanto, en las zonas golpeadas por el sismo, miles de familias esperan que la recuperación de sus vidas y la reconstrucción de sus hogares avance.