General (r) Jorge Enrique Navarrete reconoce ante la JEP su responsabilidad en 28 casos de falsos positivos

El mayor general en retiro, Jorge Enrique Navarrete, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad por haber contribuido a generar las condiciones que facilitaron la comisión de 28 ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, mientras comandó el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Juan José Rondón.

La admisión se produjo durante el tercer día de una audiencia de reconocimiento de verdad que se desarrolla en Valledupar, donde comparecen tres generales del Ejército Nacional en retiro y otros 22 militares investigados por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008 en la región Caribe.

Durante su intervención, Navarrete afirmó que ejerció presiones sobre sus subordinados para obtener resultados operacionales representados en muertes en combate y reconoció que esa práctica distorsionó el deber institucional.

Según manifestó ante la JEP, las exigencias e incentivos promovidos durante su mando favorecieron un ambiente que permitió la comisión de estos crímenes. Asimismo, aceptó que la muerte terminó siendo tratada como un indicador de éxito dentro de la unidad militar bajo su responsabilidad.

El oficial retirado también reconoció su responsabilidad en la configuración del aparato criminal que operó dentro del Grupo Juan José Rondón. Entre las prácticas que aceptó haber impulsado estuvieron los estímulos, felicitaciones y permisos otorgados con base en los resultados operacionales, medidos por el número de personas reportadas como muertas en combate.

La diligencia judicial corresponde al proceso adelantado por la JEP por 604 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a integrantes del Ejército Nacional entre los años 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Los comparecientes fueron imputados en marzo de 2025 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

De acuerdo con la información presentada durante el proceso, entre las víctimas documentadas se encuentran 31 personas pertenecientes a pueblos indígenas, 26 niños y niñas, 14 mujeres —una de ellas embarazada— y cerca de 120 personas que aún no han sido identificadas.

En su declaración, Navarrete expresó que siente vergüenza por los hechos y reconoció que falló al no impedir el funcionamiento de la estructura que permitió la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. También manifestó que el dolor causado a las víctimas y sus familias lo acompañará el resto de su vida.

La audiencia de reconocimiento de verdad forma parte del mecanismo de justicia transicional de la JEP, que busca establecer responsabilidades, esclarecer lo ocurrido y contribuir a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.