Denuncian a Alejandro Carranza, abogado de Petro, por presunta representación irregular del Estado colombiano

El abogado Alejandro Carranza, quien ha ejercido como defensor personal del presidente Gustavo Petro, fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntamente atribuirse funciones de representación del Estado colombiano ante organismos internacionales.

La queja disciplinaria señala dos actuaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), en las que habría proyectado una imagen de representación institucional sin contar con autorización para hacerlo.

Dicha denuncia, presentada por el abogado Víctor Mosquera, representante jurídico de la familia del senador Miguel Uribe Turbay, cuestiona la manera en que Carranza intervino en procedimientos internacionales.

Según el documento, sus actuaciones habrían generado confusión sobre quién estaba facultado para hablar en nombre del Estado colombiano y asumir su defensa ante instancias de carácter internacional.

Los dos casos señalados en la denuncia

Uno de los episodios señalados en la queja disciplinaria está relacionado con las actuaciones de Carranza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en medio de las gestiones realizadas por la familia del senador Miguel Uribe Turbay para solicitar garantías de seguridad al Estado colombiano.

De acuerdo con la denuncia, el abogado acudió ante ese organismo internacional para cuestionar lo que consideraba una supuesta instrumentalización política del magnicidio.

En su intervención habría señalado que algunas personas estaban utilizando el asesinato del dirigente político para construir narrativas en contra del presidente Gustavo Petro y promover una agenda orientada a afectar la unidad nacional.

Mosquera sostiene que Carranza se presentó como abogado del presidente, sin precisar que no tenía facultades para representar jurídicamente al Estado colombiano. Esta situación, según el documento, habría podido llevar a la CIDH a interpretar que se trataba de una intervención institucional.

En la queja se advierte que la defensa internacional del Estado corresponde a funcionarios y entidades con competencias expresamente asignadas, entre ellos los agentes autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

El segundo episodio señalado por Mosquera habría ocurrido ante la Corte Penal Internacional. En esta ocasión, la controversia está relacionada con una denuncia presentada contra Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, estructura disidente de las Farc.

Según el documento disciplinario, Carranza habría acudido a esa instancia internacional utilizando expresiones que daban a entender que actuaba en nombre del Estado colombiano.

En particular, se cuestiona que en su presentación afirmara intervenir en representación de “el Estado colombiano por intermedio de su Presidente”, una formulación que, para el denunciante, proyectaba una apariencia de representación institucional que el abogado no estaba autorizado a ejercer.

Como respaldo de la queja, Mosquera aportó respuestas de distintas instituciones, entre ellas la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo expuesto en el documento, las respuestas de estas entidades permiten establecer que Carranza no contaba con un contrato ni con una designación oficial para representar jurídicamente al Estado colombiano en los procedimientos mencionados.