¿Y el narcotráfico?

Los últimos días han mostrado el interés del presidente Gustavo Petro por delinear las políticas que aplicará durante su mandato. Una de ellas, quizás el más necesario para la Nación, es la que adoptará para enfrentar el narcotráfico y su desafío a la paz y la vida de los colombianos, así como la capacidad del Estado para cumplir esa misión.

El narcotráfico es el gran enemigo de Colombia. De ahí salen la mayoría de los recursos que se destinan a la violencia, al constreñimiento y la transformación de comunidades enteras en aliados y a la vez víctimas de su poder. Es de tal tamaño que organizaciones como las Farc y ahora sus disidencias, así como el Eln, compiten o se alían con grupos criminales por el control de los cultivos ilícitos, de las rutas de exportación y de distribución para el consumo interno.

Miles de personas han muerto por su causa y decenas de regiones colombianas son presa del narcotráfico, como el Catatumbo donde estuvo el presidente Petro el viernes pasado. Allí, el control lo ejercen las organizaciones de narcotráfico que aprovechan la tolerancia de la dictadura venezolana para fortalecerse y escapar de la ley colombiana. Y en el Pacífico, las comunidades son víctimas de la guerra por el negocio, y localidades del sur del Cauca se niegan a aceptar la presencia del Estado legítimo que combate los cultivos de coca.

El desafío es enorme: más de 200.000 hectáreas sembradas, 1.500 toneladas de cocaína producidas y enviadas al exterior, centenares decomisadas por las autoridades locales e internacionales, y una cantidad indeterminada que se distribuyen y venden en el país originando guerras entre los distribuidores. Esas son apenas muestras del daño que causa a Colombia.

Frente a ello, el presidente Petro, en desarrollo de su idea de ‘la paz total’ suspendió la erradicación obligatoria, pretende establecer el diálogo con los cocaleros, ofrece amnistías a quienes estén involucrados en el narcotráfico y negociaciones con comunidades para conseguir que se termine con la siembra y la contaminación ambiental. Al parecer, es su estrategia para combatir el narcotráfico mediante la persuasión que, ojalá, produzca los frutos que espera.

Entre tanto, más de 60 generales del Ejército y la Policía con experiencia y conocimiento sobre el combate a la delincuencia que se alimenta del narcotráfico, como el Eln y las disidencias de las Farc, han sido fulminantemente destituidos. Y se insiste en plantear la legalización como fórmula para acabar con ese enemigo, mientras se le da al tratado de extradición con los Estados Unidos, el gran aliado de Colombia en esa lucha antinarcóticos, un tratamiento más cercano a la ideología que a las necesidades y conveniencias de nuestro país para enfrentar a su peor enemigo.

Todo eso está creando una gran confusión sobre la ruta que tomará el gobierno de Colombia para combatir el narcotráfico que destruye nuestra nación y desafía el Estado de Derecho. Por ello es necesario que el presidente Petro fije con claridad la política antinarcóticos para que los colombianos sepan a qué atenerse.