Un negocio perverso

Lo que viene ocurriendo en la capital del Valle con las ambulancias que atienden exclusivamente accidentes de tránsito para cobrar el dinero del Soat es un negocio tan perverso, que quien demanda atención médica no es visto como un herido, sino como un potencial cliente.

Es la mercantilización de un servicio humanitario esencial que se supone que deben garantizar las autoridades locales, pero que fue cedido a unos particulares a quienes lo único que los mueve son los $386.000 que paga el Soat por cada herido que llevan a un centro médico.

Ante la pasividad de las autoridades, como lo evidencia el informe publicado por este diario el pasado domingo, se han constituido en Cali ‘empresas’ exentas de cualquier dosis ética, cuyos vehículos circulan a altas velocidades por la ciudad para recoger heridos que luego ‘venden’ a algunas clínicas que ofertan, dependiendo de la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con el informe, por una persona con contusiones leves o raspones se pagan $200.000; si la víctima de accidente presenta fractura, el propietario de la ambulancia recibe $450.000, y si el lesionado necesita intervención quirúrgica, el ‘bono’ es de $700.000.

A eso están dedicadas alrededor de 70 ambulancias que protagonizan la mal llamada ‘guerra del centavo’, porque conseguir heridos es una actividad que solo en el 2022 generó recursos por cerca de $190.000 millones en Cali. Y mientras las autoridades siguen enfrascadas en anuncios inoficiosos, los empresarios de las ambulancias siguen llenando sus bolsillos con unas inversiones pírricas. Y es que los vehículos que se usan para explotar el negocio del Soat son colectivos de transporte público que cumplieron su vida útil o antiguas patrullas de la Policía de Bogotá a las que les modificaron su estructura para acondicionar una camilla y un desfibrilador. Se trata de vehículos que, por supuesto, no reúnen los requisitos para atender a una víctima de un siniestro vial.

Pero la falta de idoneidad no está solo en los automotores. En muchos de los casos, los supuestos paramédicos que transportan esas ambulancias son jóvenes recién salidos de instituciones de formación, con preparación básica en primeros auxilios. En esas manos inexpertas queda depositada la integridad de personas con heridas de consideración o que tienen en juego su vida. Ni hablar de los conductores, muchos de los cuales deben millones de pesos en infracciones de tránsito.

La atención en salud de todos y cada uno de los habitantes de la capital del Valle es un servicio vital, y las autoridades locales están en la obligación perentoria de poner en cintura una práctica criminal, que está poniendo en riesgo, cada día, la vida de decenas de caleños.

No habrá App, línea de emergencia ni Centro de Regulación de Urgencias que funcione mientras Cali no cuente con un servicio público de ambulancias, no solo para atender accidentes, sino heridos en riñas, víctimas de ataques con arma de fuego o quien sufra un infarto en su vivienda. Esos pacientes que no cubre el Soat y que no son de interés para quienes manejan una actividad que solo busca el mayor lucro, sin importar que sea a costa de la vida de las personas.