Terrorismo o negociación

El ataque del ELN en Carrá, municipio de Litoral de San Juan, Chocó, es un desafío a la sociedad colombiana y así debe entenderse. De lo contrario, las buenas intenciones del Gobierno por promover la búsqueda de la paz mediante el diálogo pueden llevar a ahondar aún más la polarización que vive el país y a aumentar el escepticismo entre los colombianos. 

Un frente de esa guerrilla entró al caserío, lista en mano mató con tiros de gracia a cinco personas mientras otros 55 habitantes huían del lugar. Ese ataque a civiles indefensos, aprovechando la ausencia de las autoridades para tratar de apoderarse de territorios sembrados de coca y antes en poder de las Farc, es una violación a los Derechos Humanos y debe tener una respuesta.

La lucha que se ha desatado en el Chocó por la organización guerrillera y bandas criminales para hacerse al control de las rutas del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la minería ilegal, se conoce desde hace meses. Por eso es inaceptable que sabiendo el estado de indefensión así como el avance del negocio de las drogas y demás actividades ilícitas en una de las regiones más golpeadas por la pobreza y la falta de oportunidades, la población sea la que deba pagar los platos rotos.

Eso es lo que el Estado debe impedir. Al ELN hay que mostrarle que si quiere mantener los diálogos, debe demostrar ante todo su voluntad sincera. Y que no puede seguir utilizando la violencia y el terrorismo para presionar al país porque sólo logrará el rechazo de la Nación y de la comunidad internacional.

Ese es el mensaje que debe entender el gobierno. La paz no se puede lograr a cualquier precio ni a costa de la vida de los colombianos. La paz se alcanza cuando se actúa de forma civilizada y siendo consecuente con las manifestaciones de voluntad política para lograr un acuerdo, y no acabando con sus recursos naturales o haciendo que Colombia, en especial los campesinos que viven en los parajes más remotos, ponga la cuota de sangre y tragedia.

Lo sucedido en el Chocó también vuelve a mostrar la desarticulación del ELN, cuya cúpula aún no se pone de acuerdo sobre cuál de sus grupos cometió la masacre. Eso no es una muestra de asociación y descentralización dentro de sus integrantes sino la prueba de la dispersión en el mando y la disparidad de intereses. Lo que parece existir en el Chocó y en el Cauca, donde los periodistas de El País fueron retenidos, es el propósito de apoderarse del narcotráfico y de las explotaciones ilegales que les representan ingresos multimillonarios.

Es de entender la intención del Gobierno Nacional de mantener con vida los diálogos con el ELN a pesar de las dificultades que se han presentado desde que hace un año se anunciaron las negociaciones. Pero ya ha dado suficientes muestras de buena voluntad, recibiendo a cambio terrorismo indiscriminado contra los colombianos y el patrimonio nacional.

Ahora le corresponde al ELN demostrarles a los colombianos que su intención es lograr un acuerdo para terminar la violencia. Sin eso, los diálogos corren el riesgo de terminar de nuevo en la frustración.