Sin soluciones estructurales

El 2022 termina con la crisis más profunda para el Sistema de Transporte Masivo de Cali y con propuestas de salvamento que pueden darle un tiempo de aliento al MÍO pero no aseguran su viabilidad a futuro. Se necesitan soluciones estructurales para garantizar un servicio público que hoy no atiende las necesidades de los caleños e incumple con su propósito de ser motor del desarrollo de la ciudad.

La que termina fue una semana de anuncios para el sistema de transporte caleño. Mientras la Superintendencia de Sociedades ordenaba la liquidación de Unimetro, uno de los cuatro operadores del MÍO, por incumplir con el acuerdo de acreedores y con sus trabajadores, en el Concejo se presentaba un proyecto para obtener más recursos financieros para asegurar la operación del sistema. A su vez Metrocali anunciaba que pagará una tercera parte de la deuda que tiene con las empresas concesionarias del servicio.

Lo de Unimetro se esperaba. Además del retraso en el pago de sus obligaciones laborales y contractuales, la iliquidez lo llevó a tener apenas 20 buses en servicio, de los 167 que deberían estar en las calles atendiendo la demanda. Luego de terminar unilateralmente el contrato con Metrocali hace dos semanas, el paso siguiente era el cierre definitivo la empresa.

Ninguno de los otros tres operadores está exento de una situación similar. La deuda que la entidad encargada de administrar el sistema tiene con ellos supera los $80.000 millones, correspondientes a seis meses de no pago de los subsidios por los pasajeros que movilizan. Si bien se anunció que antes de fin de año se les abonarán $27.000 millones, la solución definitiva aún no llega.

Esta semana también se presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que busca más recursos para cubrir el déficit actual. Entre los planteamientos está comprometer la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045 -hoy es hasta el 2029- con lo que se recaudaría $1,3 billones que se destinarían a comprar más vehículos, mejorar así la operación y reducir la tasa diferencial, es decir el porcentaje del pasaje que es subsidiado por el Estado y que en el caso de Cali corresponde a $2802 de los $5202 que cuesta transportar a cada usuario.

Se propuso modificar la tasa de congestión que pagan los vehículos para circular durante el pico y placa, para que quien quiera la pueda adquirir por un solo día y así incrementar el recaudo. Y se vuelve a ideas como cobrar por el parqueo en las calles de la ciudad, comercializar la publicidad en las estaciones y alquilar espacios para que empresas privadas se instalen en ellos.

Todo ello puede generar ingresos, pero no es la reforma estructural que urge para garantizar la continuidad del MÍO. No hay un plan para acabar con el transporte pirata que moviliza a diario dos veces más pasajeros que el sistema masivo, ni estrategias para llegar a los lugares donde no se presta el servicio. En una ciudad de dos millones y medio de habitantes, donde apenas un 10% de la población utiliza los buses del Masivo, el fracaso está asegurado.

Por ello se necesitan soluciones integrales, en las que todos aporten, incluido el Gobierno Nacional que pasa de agache en los problemas de Metrocali del que es socio. El colapso del proyecto que fue pensado para transformar la vida urbana de Cali al resolver el caos de su transporte público, significaría la debacle para la ciudad y un retroceso en su desarrollo.