Seguridad para el Valle

La preocupación de los caleños y los vallecaucanos por su seguridad está justificada. La presencia de organizaciones criminales tiene en vilo a varios municipios, en Cali aparecen avisos y panfletos alusivos a las disidencias guerrilleras, mientras la violencia no cede en la región. Para enfrentar con efectividad lo que ocurre, el apoyo decidido del Gobierno Nacional que reclaman las autoridades locales y departamentales es impostergable.

El miércoles en la madrugada, víspera de las marchas convocadas por el Gobierno Nacional y los sindicatos de trabajadores en apoyo a las reformas que cursan en el Congreso de la República, apareció en un puente de la Calle Quinta de Cali un pendón del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, alusivo al 59 aniversario del antiguo grupo guerrillero. Otro igual fue puesto al día siguiente en la Autopista Suroriental, en lo que, sin duda, fue un desafío a la ciudad y a sus autoridades.

No es la primera vez que acciones como esas sugieren la presencia de tales organizaciones al margen de la ley en la capital del Valle, como quedó claro durante el violento paro que afectó a Cali en el 2021, donde su intervención fue evidente. También son reconocidas sus acciones en municipios como Jamundí y Buenaventura, mientras hay alertas por la aparición de disidencias y otras organizaciones armadas ilegales en zonas montañosas de Palmira, Pradera, Florida y Ginebra, así como en el centro y norte del Valle, donde intentan retomar el control que tuvieron hace décadas.

Es clara la relación que existe entre los grupos criminales que hoy están en el departamento y el negocio del narcotráfico. Además de las extensiones de cultivos ilegales que aumentan en la región y se encuentran bajo su dominio, tienen la urgencia de manejar las rutas de salida de la droga hacia el Pacífico a través de corredores que son estratégicos y que atraviesan al Valle. Por ello son los enfrentamientos en zona rural de Buenaventura entre disidencias y el Clan del Golfo, que causan masacres y desplazamientos forzados, o el amedrentamiento a la población que hace la Jaime Martínez en Jamundí.

La influencia llega a Cali que es el epicentro de operaciones del crimen organizado en el suroccidente colombiano, desde donde se maneja además el negocio rentable que encontraron en el microtráfico. A esto se suma el otro flagelo, el de la delincuencia común cada vez más sofisticada, que al igual que esos otros grupos genera violencia, recluta menores de edad y convierte las calles de algunos barrios en zonas infranqueables donde atravesar sin permiso pone en riesgo la vida misma.

La situación que viven el Valle del Cauca y varios de sus municipios es preocupante, y puede complicarse aún más en la antesala de las elecciones regionales de octubre próximo, por la presión o la coacción que esas organizaciones armadas ilegales podrían ejercer. Por ello hay que pedirle al Gobierno Nacional que intervenga, aumente el pie de fuerza para la seguridad de la comarca, cree más batallones especializados y sobre todo escuche las solicitudes que las autoridades locales y departamentales le están haciendo.

Proteger a los caleños y vallecaucanos, así como garantizar la institucionalidad, las libertades y la democracia en la región, no da espera.