Rodear a las Fuerzas Armadas

Entre secuestros de militares y policías, asonadas con el objetivo de impedir el avance de las tropas y actos de barbarie contra soldados de la Patria hoy las organizaciones criminales libran la guerra contra el Estado. Es, sin duda, el aprovechamiento de la mano tendida sin límites y del debilitamiento de la Fuerza Pública a los que han conducido las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro que, a pocos meses de terminar su gobierno, solo pueden calificarse de fracaso.

La retención a la fuerza de 45 militares en El Tambo, Cauca, es el más reciente capítulo de la intervención de comunidades en contra de integrantes del Ejército colombiano. Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N. 4 adelantaban labores relacionadas con la Operación Perseo, que busca recuperar la zona del Cañón del Micay.

Como ha sucedido en al menos cinco ocasiones más este año en diferentes partes del territorio nacional, los grupos armados ilegales manipulan a la población, la amedrentan y la obligan a secuestrar o a agredir a soldados y policías que realizan su labor.

Así pasó el 21 de junio pasado, también El Tambo, con un grupo de 57 militares; o el 31 de julio en Villa Colombia y Ampudia, corregimientos de Jamundí, donde 150 efectivos estuvieron retenidos por miembros de esas comunidades durante varias horas y fueron obligados a replegarse. Hace menos de dos semanas, el 26 de agosto, 33 integrantes de las Fuerzas Armadas estuvieron 79 horas en manos de pobladores de la vereda Nueva York, en El Retorno, departamento de Guaviare.

En un hecho aún más grave y aberrante, el pasado 3 de septiembre dos militares resultaron gravemente heridos por quemaduras en su cuerpo, cuando durante un operativo contra un laboratorio clandestino en la vereda Siloé, en Villagarzón, municipio del Putumayo, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.

Solo entre enero y los primeros días de septiembre de este 2025 se han presentado 31 asonadas en Colombia. Es, sin duda, la cooptación que hacen las organizaciones al margen de la ley de la población civil, a la que ponen de carne de cañón para enfrentarse a las autoridades militares y de policía e impedir así el avance de sus operaciones contra el crimen y la ilegalidad.

Es el otro lado nefasto de la ‘paz total’ del presidente Petro, que permitió en estos tres años el fortalecimiento de las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ que operan en Cauca, Valle, Putumayo o Guaviare, en amangualamiento con mafias locales y transnacionales; o del Eln, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y Shottas y Espartanos, a los que ante el fracaso de su política ahora sí pretende perseguir y acabar.

Mientras esa criminalidad se robusteció, es evidente el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, a las que este Gobierno les redujo su presupuesto, afectó la inteligencia militar y su capacidad de reacción, minó su confianza y las dejó expuestas, como se ha hecho evidente con los secuestros y agresiones a las tropas durante los meses recientes.

Por ello, además de rechazar las acciones contra la Fuerza Pública, hay que pedir a los colombianos rodear a sus militares y policías, que siguen defendiendo al país, exponiendo su integridad y entregando su vida para tener una nación más segura y tranquila.