Respeto e independencia

Con la expedición del Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022 el Presidente Gustavo Petro allana el camino para cumplir su promesa de liberar a cientos de jóvenes capturados por delitos cometidos durante el paro de 2021. Queda por conocer el alcance real de la medida, a quiénes beneficiará y cómo se garantizarán el respeto al Estado de Derecho y a la autonomía judicial.

Además de tomar como referencia varios artículos de la Constitución Nacional en los que reconoce la paz como un derecho que se debe garantizar, y otros en los que se le otorgan facultades al Presidente de la República para que adopte las disposiciones necesarias para ese fin, en la resolución se recurre al Artículo 5 de la ley de Paz Total, aprobada en noviembre, para justificar su publicación. En él se autoriza que voceros civiles “integrantes de organizaciones sociales o humanitarias” y designados por el Primer Mandatario, participen en procesos de diálogo o negociaciones a nombre de grupos armados al margen de la ley, así no pertenezcan a ellos.

Ese parágrafo es el que le da sustento a la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, conformada por los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, así como por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, que estudiará cada caso de quienes hoy están detenidos o pagan penas por delitos perpetrados durante las protestas del año pasado. Tal comisión será la que le recomiende al Mandatario de los colombianos quiénes deben ser liberados y él tomará la decisión final. Llama la atención que en esa Comisión no participen integrantes de la Fiscalía ni de la rama judicial.

Ahí comienzan las preocupaciones manifestadas por ciudadanos, juristas, expresidentes y en primer lugar por quienes integran el sistema de Justicia del país. No es la primera vez que un Gobierno expide decretos o ajusta las leyes para facilitar los diálogos con los cuáles se pretende llegar a acuerdos de paz o cesar los conflictos armados recurrentes en el territorio nacional.

La diferencia es que en esta ocasión con la norma se busca beneficiar a quienes no han participado de manera directa en organizaciones políticas al margen de la ley ni integran un grupo definido, con liderazgos claros o ideologías definidas. La llamada Primera Línea es, sin duda, una entidad etérea, y quienes están detenidos y se pretende excarcelar están acusados de secuestrar, torturar o cometer actos terroristas.

Los argumentos del Gobierno no brindan tranquilidad. Hay una clara intervención en la autonomía de la Justicia por parte del Ejecutivo, con lo cual se produce un debilitamiento de la independencia de los poderes públicos y se pone en riesgo el Estado de Derecho, es decir, la democracia misma. Como lo manifestaron 20 expresidentes colombianos, latinoamericanos e hispanos, en una carta pública suscrita ayer.

De acuerdo con los lineamientos del decreto presidencial, se podría pensar que las excarcelaciones, perdones y nombramientos como ‘voceros de paz’ de capturados o condenados de la Primera Línea no serán tan inmediatas como lo manifestó el presidente Petro. Ojalá se escuche a la Nación y se adelanten las reflexiones necesarias para que cualquier decisión se ajuste a la constitucionalidad y respete la separación de poderes que impera en el país.