Recuperar la soberanía

Ante las noticias alarmantes sobre lo que ha sucedido durante décadas en el Catatumbo y la creciente amenaza de la criminalidad en esa región, la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido y el traslado de 5600 miembros del Ejército, eran más que necesarios.

Junto con Tumaco y la costa Pacífica, el Catatumbo es uno de los puntos más críticos en materia de seguridad, de orden público y de conflictos permanentes entre los grupos de delincuencia que se disputan el control territorial y el manejo de los cultivos y exportaciones de drogas ilícitas.
Es el narcotráfico puro y duro en todas sus formas y en todas sus denominaciones que aprovecha las ventajas comparativas que ofrecen las fronteras y las dificultades del Estado para imponer la ley y combatir la criminalidad que ya tiene alcances multinacionales.

El caso del Catatumbo tiene características que lo hacen más peligroso. Está en primer lugar la eterna guerra entre el Eln, el Epl y otros grupos que han manejado la siembra y explotación de la coca, logrando concientizar a la población que se resiste a dejar los cultivos ilícitos o coercionarla de tal manera que se le hace imposible dejar esa actividad.

A eso debe agregarse la vecindad con Venezuela, muchos de cuyos gobernantes y autoridades son socios en la cadena delincuencial y permiten que el Eln transite a sus anchas por el territorio de ese país, use su territorio como refugio o reparta las cajas de alimentos que entrega el gobierno de Nicolás Maduro. Es una zona en la cual la autoridad legítima no puede ejercerse como corresponde, mientras sus 300 mil habitantes viven en medio de la ilegalidad absoluta y el riesgo de recibir represalias si se rebelan contra quienes la explotan.

En esas condiciones, Colombia no puede quedarse inmóvil. Por ello, y aunque sería deseable que la presencia del Estado se expresara con soluciones sociales y ofreciendo oportunidades de progreso, parece necesario acudir a las Fuerzas Militares que deben rescatar el imperio de la Constitución y derrotar la criminalidad que se ha tomado al Catatumbo, sembrando el terror y el desconcierto mientras desafían al Estado.

Esa criminalidad no puede ser considerada como expresiones políticas dirigidas a beneficiar a los habitantes de esa región. Por el contrario, debe ser reconocida como el principal impulsor de la pobreza que allí se vive y como el gran obstáculo para exigir a las instituciones el cumplimiento de obligaciones con quienes deben tener soluciones a sus problemas.

Ahora tratarán de vincular esa decisión con supuestos intentos por invadir a Venezuela o intervenir en la grave situación causada por la dictadura del vecino, algo que ha sido desmentido en forma categórica por el Canciller de Colombia. Debe quedar claro que la Fuerza de Despliegue Rápido sólo tiene el propósito de recuperar la vigencia de nuestra Constitución en el Catatumbo.

Como ocurrió en Tumaco y en el sur del departamento de Nariño, el Gobierno ha decidido intervenir con la Fuerza Pública para derrotar el narcotráfico y a sus autores. Ese es un deber que no admite más dilaciones.