¿Qué pasa en la UNP?

Sin que aún se establezca si se trató de un atentado al o un intento de robo, el ataque cometido contra el Director de la Unidad de Protección Nacional revive las denuncias sobre corrupción e infiltraciones de la mafia en la entidad encargada de cuidar a quienes están bajo amenaza en Colombia. Además de rechazar lo ocurrido, se debe exigir claridad sobre los hechos y que se diga si existe relación con las investigaciones que se adelantan en la dependencia oficial.

El martes en la noche, luego del asalto armado a Augusto Rodríguez, jefe de la UNP, y su esquema de seguridad, las primeras declaraciones apuntaron a retaliaciones por los hallazgos de prácticas ilegales que afectan a la entidad. Las averiguaciones judiciales indican que los problemas son aún más graves de lo que en principio se creyó e involucran a funcionarios, sindicatos, contratistas, reclusos y carteles de la mafia.

La detención a finales del 2022 entre Cauca y Huila de un vehículo adscrito a la Unidad, asignado a un exjefe de Protección de la institución, conducido por un policía retirado con antecedentes penales y que transportaba un cargamento de cocaína, destapó parte de la olla podrida. No era la primera vez que ocurría, por lo que se pudo determinar la existencia de una estructura criminal que operaba con complicidades internas y se aprovechaba de los privilegios que brinda la UNP.

No es lo único que han revelado las investigaciones. Las denuncias incluyen la asignación de vehículos y esquemas de protección a personas que no están bajo amenaza ni sus vidas corren riesgo, así como la presunta participación de directivos de dos de los 19 sindicatos de la entidad, quienes estarían vendiendo esquemas de seguridad y cobrando sobornos. A ello se sumarían contratos irregulares, falsos blindajes de carros y mafias internas que trabajarían con organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

Poco ayuda a la transparencia, el control y la eficacia en sus funciones, el que 9000 de los escoltas de la Unidad de Protección Nacional, según cifras divulgadas por el propio Rodríguez, sean contratistas por prestación de servicios. La tercerización es una figura peligrosa, que dificulta asegurar la idoneidad e integridad de quienes tienen en sus manos la vida de aquellos que se encuentran bajo amenaza en el país, y se presta para que a través de ella se filtre la delincuencia organizada.
La reestructuración de la UNP es urgente si se pretende acabar con las malas prácticas al interior de la dependencia, así como con los hechos criminales en los que estarían participando funcionarios, contratistas e inclusos falsos amenazados. De igual manera hay que garantizar la integridad de quienes están comprometidos con realizar los cambios que requiere la entidad encargada de salvaguardar la vida y velar por la seguridad de 7714 personas que están en riesgo en Colombia.

El ataque al señor Augusto Rodríguez se debe aclarar. Es necesario saber si se trató o no de un atentado en su contra, y de ser así, si está relacionado con sus investigaciones y denuncias. El peor mensaje que se le podría enviar al país es que el Estado no está en capacidad de proteger al responsable de cuidar a quienes son intimidados por los violentos.