Política o el Bien Común

Más que una pugna política entre los propietarios de una empresa, sus contratistas y los medios de comunicación, lo que está en juego en Hidroituango es la generación del 17% de la energía de Colombia a partir del 2022. Por lo tanto, es necesario buscar la manera de aclarar su situación y de lograr que entre en operación en los tiempos estipulados.

Lo que está sucediendo no es solo un asunto exclusivo del alcalde de Medellín, de su poder como representante del municipio en las Empresas Públicas de Medellín, EPM, de sus relaciones con la política local o de su confrontación con empresarios privados de esa ciudad. Es ante todo el bien común a todos los colombianos, en este caso lograr que el proyecto de generación de energía supere sus problemas y entre a operar como se espera, beneficiando a toda nuestra nación.

Así se lo han hecho saber los propietarios originales del proyecto, el departamento de Antioquia. También se lo han puesto de presente sectores académicos, especialistas en la generación de energía y hasta organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para quienes la parálisis que causará el cambio del consorcio constructor traerá graves perjuicios para su terminación y puesta en marcha.

Y no es un asunto de defender una empresa constructora, ni de desconocer que hay un proceso en el cual la Contraloría General de la Nación se ha pronunciado en primera instancia. O de no cumplir con la obligación de darle transparencia a un proyecto cuyas dificultades causan intranquilidad, se deben investigar y sancionar las irregularidades que aparezcan. De lo que se trata es de seguir adelante mientras se cumplen los términos de ley para esas actuaciones, evitando que medidas como las que exige el alcalde Daniel Quintero causen más daños.

Lo que está sucediendo con Hidroituango es un peligroso juego político que puede causar graves e irreparables perjuicios para la Nación, para EPM, para los propietarios del proyecto e incluso para Medellín. Y existen procesos jurídicos de todo orden para investigar y definir si existen irregularidades en su trámite y construcción, si hay lugar a sanciones de cualquier naturaleza para los posibles responsables de ellas, incluidos los constructores.

Y en ese juego político pierde toda Colombia. A la vista está la posibilidad cierta de que se deba suspender la obra, además de la advertencia del BID sobre su retiro del proyecto y el cobro inmediato de sus acreencias en EPM. Con ello se le daría una estocada mortal a la empresa más importante de generación de energía en nuestro país y un pilar fundamental para los ingresos de Medellín.

El pasado miércoles el gerente de EPM anunció un acuerdo para encontrar soluciones con el consorcio constructor, el cual fue de nuevo puesto en duda por el alcalde Quintero. Tales contradicciones solo arrojan más inquietudes y más incertidumbre a una obra en la cual está comprometido el futuro próximo de la generación de energía en Colombia. Por ello es necesario pedir cordura y dejar a un lado las disputas e intereses políticos que tienen en vilo la continuidad de Hidroituango.