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Nueva cita en La Haya

No obstante los cambios adelantados por el actual Gobierno, la Cancillería ha garantizado que se mantendrá la estrategia que permitió desestimar algunas de las pretensiones de Nicaragua durante la presentación de los argumentos escritos. No es para menos, porque en juego están la defensa y la soberanía del territorio nacional.

4 de diciembre de 2022 Por: Editorial .

Colombia y Nicaragua se ven de nuevo cara a cara hoy en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esta vez para hacer sus alegatos orales en el litigio presentado por el país centroamericano, con el que reclama la ampliación de su plataforma marítima, más allá de las 200 millas náuticas. Es de esperar que el actual proceso se desarrolle de manera favorable para nuestra nación y que las pretensiones del dictador Daniel Ortega sean desestimadas por el alto tribunal.

Este es un capítulo más en el propósito del vecino régimen de imponer sus ambiciones sobre una zona de larga disputa entre ambos países. Ya existe el amargo precedente en el que la Corte de La Haya falló a favor de Nicaragua y redefinió la delimitación marítima, lo que significó para Colombia perder 70.000 kilómetros de su área marina, si bien conservó la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, incluidos los cayos adyacentes.

Desde entonces la nación centroamericana no ha cesado en su empeño de ampliar aún más sus fronteras. El riesgo ahora para Colombia es que de darse un fallo a favor de Nicaragua, esto significaría que la plataforma continental de la nación centroamericana se extendería hasta los límites con Cartagena, lo que de paso afectaría los derechos de Costa Rica y Panamá, otros dos países con los que Ortega mantiene conflictos territoriales.

Con el litigio, que completa ya nueve años, Nicaragua tiene una clara pretensión: si consigue que sus límites se extiendan más allá de las 200 millas náuticas internacionales, se le reconocerían derechos sobre suelo y subsuelo marino que hoy le pertenecen a Colombia, y podría explotar los recursos que ahí se encuentren, incluidos el petróleo y el gas. Es la jugada que no se le puede dejar al régimen nicaragüense, por lo que los alegatos orales del equipo legal conformado por nuestro Gobierno para defender los intereses nacionales deberán estar bien estructurados y sustentados.

La preocupación no es menor si se tienen en cuenta los antecedentes y las consecuencias adversas que significaron para Colombia. El país llega hoy a las audiencias presenciales en la Corte que tiene su sede en los Países Bajos, con un grupo renovado de profesionales especializados en derecho internacional y conformado por expertos ambientales, que cuenta además con el acompañamiento del pool de abogados extranjeros que ha representado al país en los años recientes.

No obstante los cambios adelantados por el actual Gobierno, la Cancillería ha garantizado que se mantendrá la estrategia que permitió desestimar algunas de las pretensiones de Nicaragua durante la presentación de los argumentos escritos. No es para menos, porque en juego están la defensa y la soberanía del territorio nacional.

Las audiencias comenzarán este lunes 5 de diciembre y culminarán cuatro días después, tiempo en el que cada país presentará sus alegatos y tendrá derecho a responder los del otros. Después el alto tribunal se tomará entre cuatro y seis meses para dar su fallo definitivo, que no podrá apelar ninguna de las partes. Será una larga espera para saber si el régimen dictatorial de Daniel Ortega consigue su propósito o si Colombia conserva íntegros sus límites internacionales legales, lo que es de esperar.

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