No más provocaciones

Más que un reclamo justo, la invasión de la hacienda Ucrania en el municipio de Padilla, norte del departamento del Cauca, es otro intento de quienes manipulan las comunidades indígenas para producir un conflicto. Por ello, el Estado debe escuchar a quienes reclaman su presencia y detener la confrontación que está creciendo de manera alarmante, en la cual están involucrados comunidades y personas que no son solo los ingenios azucareros.

La invasión del pasado sábado 23 de julio no fue una acción para reclamar derechos ancestrales, como lo afirman sus promotores, empeñados en sembrar la discordia y la lucha de clases. Tampoco fue una reivindicación del pueblo indígena. Fue ante todo una provocación rechazada por los trabajadores y campesinos de la región, quienes les exigen a los que usan la bandera indigenista que respeten su derecho a la tranquilidad, al trabajo y al disfrute de bienes adquiridos con títulos justos.

Son campesinos, miembros de comunidades afrocolombianas que durante siglos han estado en la zona, propietarios de tierras adquiridas con justo título y trabajadores que derivan sus ingresos de la industria azucarera y de las labores del campo. Son colombianos respetuosos del ordenamiento jurídico y de las instituciones que hacen posible la convivencia los que desalojaron a los invasores, quienes responden a los lineamientos doctrinarios de los autores intelectuales de esas usurpaciones.

Infortunadamente esa estrategia no es nueva: se inició hace varios años y ha causado grandes daños y perjuicios a quienes trabajan la tierra en el norte del Cauca. Y los propietarios no son sólo los ingenios azucareros como quieren hacerlo aparecer para dar la sensación de que esas empresas son autores de una injusticia: son ante todo colombianos de carne y hueso que les ha tocado padecer el desconocimiento flagrante de la Constitución. Ellos han denunciado ante las autoridades y ante la justicia lo que viene sucediendo, las cuales han actuado con respeto al ordenamiento jurídico, lo cual ha significado demoras y respuestas a medias.

Más grave aún es que varias comunidades afrocolombianas cuya presencia en el norte del Cauca data de hace más de dos siglos, también son objeto de los ataques y el acoso constante de los invasores que pretenden apoderarse de sus tierras. Y que en todas esas actividades ilegales e ilegítimas se haya detectado la presencia de grupos de violencia como las disidencias de las Farc, empeñadas en atemorizar a los habitantes de la región mientras explotan el narcotráfico.

Así las cosas, lo que se impone en un país democrático es la presencia del Estado en el norte del Cauca como defensor de los derechos reconocidos por la Constitución y como garante de la paz y la convivencia. Y si bien es conveniente que se haga uso del diálogo como lo había pedido hace varios meses la defensoría del Pueblo y ahora lo exige a Asocaña el elegido presidente de Colombia, debe recordarse que el principal deber de los funcionarios públicos es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que juran defender al momento de asumir sus cargos.