No más bloqueos

Cuarenta y ocho días después de los atentados que aprovecharon el paro cívico para sembrar el terror en Cali, el vandalismo aún hace de las suyas en las calles de la capital vallecaucana. Y el vandalismo sigue haciendo de las suyas alrededor de la protesta social, a la cual parece autorizársele la realización de bloqueos que, además de ilegales, desconocen los derechos a la movilización y al trabajo de cientos de miles de personas que viven alrededor de la autopista Simón Bolívar.

En esa vía están los ingresos al Distrito de Aguablanca, además de ser ella de gran importancia para la comunicación del centro y el norte con el sur de Cali. Quizás por eso, los jóvenes y quienes realizan los retenes que impiden la libre circulación persisten en mantener los bloqueos en varios puntos de su recorrido, en el ejercicio, según ellos, del derecho a la protesta social y a la reivindicación de sus reclamos.

Pero no es menos cierto que los sitios donde se realizan los retenes son hoy focos de violencia y allí se están mezclando también grupos de delincuencia común, además de aquellas agrupaciones empeñadas en sembrar la anarquía. No de otra manera puede interpretarse que en el puente de los Mil Días se quemen buses del MÍO y no puedan ser rescatados. O, que se secuestre un bus de transporte intermunicipal que es llevado al mismo sitio, donde la Policía rescató a sus integrantes.

Y, como ocurrió ayer, que se vandalice un camión, se saquee y luego sea incendiado, lo que lleva a los integrantes de quienes adelantan la protesta social a retirarse por dos días “en señal de protesta”. Todo ello es inaceptable y obliga a preguntar si la Administración Municipal ha entregado la zona a los manifestantes, permitiendo que en el corazón de Cali exista un territorio donde las leyes no tengan vigencia y quienes se dicen representantes de la protesta se toman atribuciones que desconocen la Constitución y los derechos ciudadanos.

Así quienes protestan no estén vinculados a esos hechos vandálicos, las barricadas son focos de ilegalidad y espacios propicios para los hechos que se han venido sucediendo. Más aún cuando el polémico decreto 304 de 2021 firmado por el alcalde Jorge Iván Ospina es interpretado como la autorización para mantener tomas que desconocen el ordenamiento jurídico y ocasionan enormes perjuicios a la sociedad caleña.

Cabe agregar que, según lo ha informado el gobierno local, ya existen acuerdos para terminar con esas tomas ilegales. Además, desde todos los estamentos del Estado se han firmado y adoptado compromisos para atender los reclamos, muchos de ellos justos, de quienes ejercen el derecho a la protesta y reclaman atención a los graves problemas que afectan a la juventud y a los sectores sociales más golpeados por la pobreza.

No hay pues razones jurídicas ni lógicas para seguir permitiendo esos bloqueos. Por ello, y además de exigir el esclarecimiento de los hechos que se han presentado a diario en la zona, la ciudadanía reclama el restablecimiento de sus derechos afectados por los retenes y el respeto por la Constitución y la ley como garantes de la convivencia en Cali.