¿Negociar las instituciones?

Según se ha conocido en los medios de comunicación, el próximo gobierno nacional está adelantando propuestas y negociaciones para establecer un tratamiento especial a los miembros de las bandas criminales que acepten suspender sus acciones. Será un nuevo intento por terminar la violencia mediante concesiones que pone en riesgo la vigencia de las instituciones creadas para defender a la sociedad de la delincuencia.

La estrategia no es novedosa. Desde hace varios años existe una iniciativa con la cual se pretendía acabar con los cultivos lícitos mediante el reconocimiento de condiciones especiales a los supuestos campesinos que aceptaran sus pender sus actividades. También se conocen negociaciones con el llamado Clan del Golfo para lograr su desactivación y la entrega de sus cabecillas, lo cual desembocó en una andanada de violencia con la cual se pretendía mostrar una fortaleza y un matiz político inexistentes en una organización cuyo único fin es el enriquecimiento a través de la delincuencia común.

Ahora, las circunstancias son más graves. Además del ‘plan pistola’ mediante el cual le han puesto precio a la cabeza de los policías y soldados que deben combatir sus crímenes, los mismos cabecillas, muchos de ellos presos o extraditados, están promoviendo un paro armado en cinco departamentos. Y se sabe también que otras bandas delincuenciales están buscando negociaciones para tener acceso a una iniciativa que está siendo elaborada por asesor del presidente electo, con la cual se pretende desactivar la delincuencia organizada.

Otro tanto está sucediendo con respecto al Eln y su recurrente estrategia de negociar un acuerdo de paz con cada gobierno durante los últimos treinta años. Ya son más de diez intentos de negociación los que han quedado en el aire, mientras los dirigentes de ese grupo, casi todos en el exterior, aumentan el terrorismo a nombre del pueblo mientras se hunden en el narcotráfico, buscando utilizar su antigua característica de guerrilleros, y llevando al fracaso las iniciativas bien intencionadas de muchos intermediarios y de los presidentes de turno.

La gran pregunta es si la institucionalidad y el Estado de Derecho pueden ser negociados con quienes usan la delincuencia para su enriquecimiento y el terrorismo o el asesinato de servidores públicos para conseguir tratamientos especiales para sus crímenes atroces, de lesa humanidad o simplemente comunes. De nuevo, la voluntad de encontrar la pacificación del país se pretende utilizar por los delincuentes para conseguir prebendas que rompen la estructura jurídica, originan divisiones, enfrentan a la sociedad y la dejan en la indefensión.

Sin duda, para terminar con los conflictos es preferible la negociación a la confrontación de fuerzas. Pero también debe reconocerse que la Ley es el instrumento para garantizar y asegurar la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. De su respeto y acatamiento dependerá siempre que Colombia siga siendo una nación en la cual la convivencia se basa en el ordenamiento jurídico como árbitro supremo de su sociedad.