Los ojos de la ciudad

Al culminar la semana se dio a conocer el informe de la iniciativa ciudadana Mi Cali Contrata Bien, resultado del interés de personas y organizaciones cívicas sin vínculo con el gobierno y la política que se encarga de revisar la manera en que se administran los recursos de la capital vallecaucana. Los resultados allí publicados son la medida clara y sin interés distinto al cuidado del patrimonio y la buena administración de la ciudad, realizada por la ciudadanía.

Como dice en su página web la presentación de la iniciativa ciudadana, se trata de saber “qué tan público es lo público en Cali”. Es decir, de utilizar las herramientas que ofrecen las leyes colombianas para que los ciudadanos puedan saber y vigilar lo que se hace con los impuestos que pagan y con el manejo de la administración local. Con ello se cumple una función que deberían estar realizando y dando a conocer tanto la Contraloría y la Personería como el concejo de la ciudad como depositario del control político sobre el manejo del municipio.

El informe debe llamar la atención sobre lo que la administración municipal hizo con los recursos durante el 2021. A través del estudio se sabe por ejemplo que se contrataron $2,3 billones a través de 9.086 contratos, el 96% de los cuales fueron de carácter directo, es decir, sin que medie un proceso licitatorio o siquiera un concurso. Eso arroja un promedio de 112 contratos realizados en los 261 días hábiles de un año, el 95% de los cuales es contratación directa, lo que de por sí muestra la falta de controles sobre el uso de esos recursos y la dificultad para controlarlos.

Al revisar la contratación municipal, se sabe también que, de esa multitud de contratos, 28.086 corresponden a la prestación de servicios, la manera en que se infla la nómina oficial. Es decir, $2,2 billones del erario municipal se usan en nómina, con contratos que duran apenas 3, 6 meses y en dependencias como el Instituto Popular de Cultura apenas 1,8 meses.

El informe de Mi Cali Contrata Bien revela que apenas 50 contratos cumplieron los procesos licitatorios, los cuales tuvieron un valor de $ 245.000 millones, apenas el 15% de lo contratado en el 2021. También aparece la manera en que la contratación indirecta a través de entidades como la Imprenta Departamental son usadas para burlar los requisitos que exige la ley de contratación.

Al revisar el documento, fácil es encontrar la manera en que ese mecanismo se utiliza para cumplir cuotas políticas o clientelistas. Y el efecto que tiene en la administración de la ciudad que se maneja al libre albedrío de los gobernantes y no se basa en criterios que protejan la actividad de una empresa, el Municipio de Cali, cuyos dueños y financiadores son los ciudadanos.

Son muchos los aspectos revelados por el primer informe de la iniciativa Mi Cali Contrata Bien. Con ello se cumple con el deber de vigilar los recursos pertenecientes a todos los caleños, además de mostrar la falta de transparencia y la poca efectividad de los organismos creados por la ley para vigilar y controlar el manejo de lo que es el patrimonio de todos los caleños.