Los escándalos de la SAE

Seis mil doscientos setenta y tres bienes en el departamento del Valle, el 60,4% están en Cali, son la muestra fehaciente de hasta dónde ha llegado el poder de la Sociedad de Activos Especiales en el manejo y la disposición de las propiedades confiscadas a la delincuencia en la región.
Y frente a esas cifras aparecen las dudas sobre cuál es el verdadero número, cuántos de esos inmuebles se han perdido y los negociados que indican manipulaciones y favorecimientos.

El mapa publicado por El País el pasado 2 de octubre muestra la ubicación de esas 3789 propiedades en Cali, una mancha de puntos rojos que cubre casi toda el área urbana. Son predios que están en manos de particulares, muchos de ellos alquilados por precios irrisorios y otros que causan discordia e incomodidad entre los caleños, como el que disfruta un sitio de diversión conocido como la Carpa de la 66 o el dedicado al patio del Tránsito en el cual hay 10.000 vehículos abandonados y cuyo parqueadero debe ser pagado por las entidades municipales.

Allí no se incluyen bienes muebles como los automóviles, joyas, obras de arte y demás, de los cuales se desconoce su paradero. Tampoco se muestran los contratos de arrendamiento a precios absurdos y aquellos inmuebles que aún permanecen en manos de las personas a las cuales les fueron confiscados o a sus parientes y testaferros. Y mucho menos, los que han desaparecido del inventario de la SAE en forma misteriosa.

Y qué decir de las 2484 propiedades en la geografía vallecaucana que incluyen fincas de recreo, cultivos de caña de azúcar, hatos ganaderos y lujosas residencias campestres. Como ocurre con muchos de los 60.000 predios confiscados en toda Colombia, las dudas se convierten en la repetición de los delitos que se produjeron en las nefastas épocas de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, varios de cuyos directivos terminaron en la cárcel, mientras que los congresistas y dirigentes políticos de la época vinculados a los escándalos por tráfico de influencias fueron cubiertos por la impunidad.

La situación de los bienes incautados a los delincuentes y administrados por entidades supuestamente idóneas es alarmante. Más aún cuando interviene el clientelismo con sus cuotas de poder y de influencia que anula la acción del Estado contra el crimen, como lo ha demostrado la experiencia de dos décadas. Y se registra la ausencia de la Procuraduría en la vigilancia de las actuaciones de la DNE y ahora de la SAE, así como la en veces inexplicable morosidad e indiferencia de la Justicia en el cuidado de un patrimonio que conoce porque han dado la orden de confiscarlo.

El presidente Petro ha pedido celeridad y transparencia en la SAE para poder disponer de unos dominios que podrían servir para resolver una parte importante de los problemas sociales del país. Cabe agregar que, ante todo, debe demostrarse que el Estado ya no seguirá siendo el rey de burlas de la corrupción y la burocracia que impiden cumplir los propósitos de las leyes establecidas para sancionar la delincuencia, en especial, el narcotráfico.