Las obras inconclusas

Cuando el Gobierno Nacional creó en el año 2015 el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, se pensó que llegaba la solución al déficit de colegios en municipios y departamentos del país, así como una alternativa para realizar las reparaciones que requerían muchos de ellos. Hoy, siete años después, se ha incumplido con buena parte de los acuerdos y ciudades como Cali sufren las consecuencias.

El propósito del Fondo era amplio: “Viabilizar y financiar proyectos para la construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física y digital de carácter público en educación inicial, básica y media en zonas urbanas y rurales”. El 30 % de los recursos necesarios para adelantar las obras lo pondrían los entes territoriales y el 70 % el Ministerio de Educación. Así fue como el Valle del Cauca y su capital cumplieron con los aportes que les correspondían y confiaron en que pronto se ejecutarían los proyectos comprometidos.

En el caso de Cali, nada más lejos de la realidad. Si bien la Administración Municipal consignó en el Ffie $150.000 millones para la intervención de 24 colegios, lo cual beneficiaría a 14.780 estudiantes locales, a la fecha se han entregado apenas ocho de ellos, es decir el 30 %. Ocho más están aún en ejecución y lo más grave es que para los ocho restantes no hay ni siquiera contratistas designados. Por ello la Secretaría de Educación local se plantea recurrir a vías legales para obligar a que el Fondo cumpla y finalice los trabajos cuanto antes.

No es la primera vez que la entidad que se pensaba sería la solución para el rezago en infraestructura educativa en el territorio nacional se enfrenta a una amenaza de esa clase. En 2019 fue la Gobernación del Valle la que dio un plazo perentorio para que se le informaran las razones del retraso en las obras de once colegios. Tres años después las entregas de las instituciones escolares intervenidas en el departamento siguen a cuentagotas, como lo demuestra la inauguración del nuevo colegio José Ignacio Ospina en Guacarí, el pasado 23 de diciembre.

Las consecuencias de esas demoras repercuten directamente en miles de estudiantes. Al no estar listos sus colegios deben desplazarse a otros más lejanos a sus hogares, lo que incrementa en algunos casos los gastos en transporte; se presentan problemas de hacinamiento en las instituciones que los reciben o incluso hay situaciones de riesgo para los alumnos que hoy estudian en locaciones educativas que no cumplen con los estándares de seguridad necesarios. Lo más grave es que por esas razones también ha crecido la deserción escolar en la capital del Valle.

Frente a esa situación hay que exigirle al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, al Ministerio de Educación del cual depende la entidad, y al Gobierno Nacional que le respondan a Cali, al Valle y a los entes territoriales que de buena fe confiaron en ellos y cumplieron con la entrega de los recursos que les correspondían. Si se pretende que la calidad y la cobertura educativa en Colombia mejoren, en primer lugar hay que garantizar espacios adecuados, modernos y bien dotados para formar a los niños y los jóvenes alumnos que asisten al sistema público.