La tarea pendiente

Publicado el Índice de Percepción sobre la corrupción de Transparencia Internacional, vuelve a ponerse de presente la necesidad de aumentar en Colombia los controles para impedirla y la efectividad del Estado para perseguir y castigar tanto a sus autores como a sus beneficiarios. Es un llamado a que las naturales divergencias entre los partidos y las fuerzas políticas no sigan siendo obstáculo y disculpa para que los legisladores actúen interpretando la voluntad de los electores y de la Nación.

Llegar a ser el país 99 entre 180, es síntoma del daño que al Estado le causa la corrupción. Y no sólo en términos económicos y en pérdida de los recursos públicos, de por sí pequeños frente a los desafíos que representan los problemas sociales y de inequidad que padece el país.
Ante todo, es la pérdida de credibilidad de los ciudadanos frente a sus instituciones, con la consecuente caída en la confianza nacional e internacional.

Aunque el estudio se basa en datos sobre hechos ocurridos en el transcurso del 2018, la percepción refleja lo que los colombianos creen acerca del manejo de los recursos y el patrimonio que administran sus gobernantes, sobre el comportamiento de todas las ramas del Estado y sobre el combate a ese cáncer. Y puede ser vista desde la perspectiva de que los colombianos aumentan sus denuncias y las autoridades sus acciones para combatir el mal y sancionar a sus autores y beneficiarios.

Sin duda, algo de eso está sucediendo. Pero es incontrastable que la medición indica también el grado de frustración de los ciudadanos frente a las medidas que les anuncian cada elección como programa para elegirse y la imposibilidad de conseguir los cambios legales y de actitud para defender el patrimonio y los valores comunes. Más aún cuando esa es una exigencia medida por todas las encuestas que muestran la caída en la credibilidad que padecen la Justicia, el Congreso y gran parte del Ejecutivo, atribuible en su mayor parte a la falta de decisión para combatir lo que es tal vez el enemigo público número uno.

Uno de los resultados de la legislatura pasada fue precisamente el hundimiento o la delación en aprobar las reformas constitucionales y legales para cerrarle el paso al latrocinio que consume la confianza nacional y las arcas públicas. El argumento es el nuevo equilibrio de poder entre la oposición y las fuerzas del gobierno en el Congreso que impidió alcanzar las mayorías para aprobar las propuestas anticorrupción.

Pero el fondo del asunto, por lo menos para los colombianos, es que no hay interés en cumplir las promesas de campaña y el mandato de quienes votaron en las elecciones y en el plebiscito del pasado 28 de agosto. De ahí que la percepción de que habla Transparencia Internacional deja a Colombia en los últimos lugares de América en materia de corrupción.

Aunque es innegable que se está actuando contra ese mal, también es evidente que las leyes siguen siendo benévolas con unas conductas que destruyen la fe en la democracia. Por ello es impostergable lograr un acuerdo nacional para terminar con la plaga de la corrupción.