La seguridad del Valle

Las propuestas que surgieron del Consejo de Seguridad realizado en Tuluá y de la reunión del Bloque Parlamentario del Valle deben concretarse y convertirse en realidad. La situación de seguridad que afronta el Departamento es grave, puede repercutir en el proceso democrático en curso y tiene en riesgo a la población. Por ello hay que hacerle frente con el apoyo decidido de la Nación.

La presencia de los ministros de Defensa y del Interior en los dos encuentros realizados el lunes anterior en Tuluá y Cali se debe reconocer como un paso adelante en la atención que se le ha reclamado al Gobierno Nacional de tiempo atrás. La situación de orden público en varios municipios se ha recrudecido y hay amenazas por la presencia de organizaciones criminales y grupos delincuenciales que atacan, intimidan, extorsionan y generan temor.

La violencia se ha tomado poblaciones como Buenaventura donde convergen las más diversas formas de criminalidad. El narcotráfico, por su parte, tiene sitiado a Jamundí, que recibe también los embates de las disidencias de las Farc y los coletazos de los enfrentamientos entre diferentes agrupaciones alzadas en armas.

Mientras tantos esas guerrillas se pasean por las cordilleras vallecaucanas amenazando con su presencia a quienes viven en las zonas rurales, y en Tuluá es la delincuencia organizada la que pretende imponer su ley. Cali es epicentro del accionar criminal, donde convergen toda clase de actores violentos, a la vez que la ciudad padece al tener los índices más altos de inseguridad de Colombia

Para hacerle frente a esas situaciones, el lunes se convino adoptar medidas que les permitan a la comarca y a los municipios más afectados recuperar su tranquilidad y garantizar la seguridad. Entre ellas se planteó la creación de un nuevo batallón de alta montaña que resguarde el centro del Valle, así como ampliar el pie de fuerza para la capital del Valle.

El traslado de reclusos de la cárcel de Tuluá hacia otras penitenciarías del país, se ve como la solución para acabar con la extorsión, mientras se les exigió a los alcaldes disponer de más cámaras de vigilancia y realizar el mantenimiento a las que se encuentran dañadas.

Son todas disposiciones necesarias en la lucha contra el crimen y la violencia que hoy afectan el Valle del Cauca, pero que pueden no ser suficientes para conseguir el propósito de hacer del departamento una región segura. Trasladar 300 policías a Cali no supondrá un gran salto cuando el déficit de uniformados ronda los 1500 o el parque automotor de la Policía Metropolitana se ha disminuido exponencialmente en los últimos años, mientras la inversión del Gobierno local en la tecnología que se necesita para vigilar una ciudad de dos millones y medio de habitantes es mínima.

El Valle requiere de un plan estratégico e integral, que atienda todos los frentes que hoy le impiden vivir en paz y que amenazan además por esta época el libre desarrollo del proceso electoral territorial. En riesgo están los vallecaucanos y también la que se considera la máxima expresión de un Estado democrático representada en la voluntad popular.