La seguridad ciudadana

La ley de seguridad ciudadana aprobada en largos y a veces acalorados debates en el Congreso de la República, fue sancionada el pasado martes por el presidente Iván Duque. A partir de ahora empieza su aplicación, lo que responde a los reclamos de la ciudadanía necesitada de la reacción del Estado para responder a los desafíos de una delincuencia creciente que amenaza sus derechos y en muchos casos es beneficiada por la propia legislación.

A grandes rasgos, lo nuevo de esta ley está ante todo en el aumento de las sanciones penales a las que se hace acreedor quien cometan conductas que atentan contra los derechos de los ciudadanos, y que hasta ahora han sido cobijados por una favorabilidad que si bien tiene la intención de ofrecerle oportunidades a quien cometa los delitos, se ha convertido en tronera para evadir la justicia, desconocer el deber de reparar a las víctimas y, lo peor, impulsar la impunidad.

La ley empieza por agravar las penas a quien sea hallado responsable de asesinar miembros de la Fuerza Pública, líderes sociales o periodistas. Y le entrega tanto a las autoridades como a los jueces mejores recursos económicos y jurídicos para perseguir y sancionar a quienes en las calles siembran el terror mediante el raponazo, el robo de celulares y el atraco en vehículos de transporte público, además de crear normas precisas que regulen las armas traumáticas, la herramienta con la cual se atraca a los ciudadanos en los últimos tiempos sin que sus portadores puedan ser sancionados.

De otra parte, la ley entra a fortalecer la posibilidad de que las personas tengan mejores alternativas de defenderse de los delincuentes que atacan dentro de sus casas de habitación y sus propiedades o vehículos. Y ordena incrementar las penas a los reincidentes así como a aquellos que cometen sus fechorías aprovechando tratamientos especiales como la casa por cárcel o las condenas extramurales

Así mismo establece sanciones importantes para quienes atenten contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Además, considera peligro para la sociedad y, en consecuencia, será sujeto de medida de aseguramiento intramural quien cometa delito con el uso de arma de fuego, arma blanca o elemento menos letal.

Esta ley de seguridad ciudadana es pues un amplio instrumento para combatir conductas que se han convertido en hechos de común ocurrencia que crecen ante los obstáculos que se presentan para ejercer la autoridad que debe proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los colombianos sin distingo. Lo cual lleva también a que el ciudadano no colabore y en muchas ocasiones prefiera acudir a la justicia por mano propia en lugar de someterse a la frustración de padecer la ineficiencia del Estado en la defensa de sus derechos.

Por ello mismo, a partir de ahora es imperativo que se haga un esfuerzo para que se conozcan los cambios que trae la nueva ley, y una vez se produzca el control de legalidad que deben realizar los jueces o se respondan las demandas que llegarán contra ella. Con ello se debe aumentar el respeto por los derechos ciudadanos en Colombia.