La reversa no es posible

Entre compromisos hechos realidad, incumplimientos que obstaculizan su desarrollo y escepticismos que crecen, el acuerdo firmado por segunda vez en el Teatro Colón de Bogotá con las Farc cumple dos años de existencia. Y antes que seguir usándolo como bandera partidista, destruir lo poco o mucho alcanzado hasta ahora o echar para atrás, lo que se requiere es decisión política en el más amplio y generoso sentido de la expresión para impedir una nueva frustración.

El Acuerdo de La Habana estuvo rodeado de incidentes, de utilizaciones y de mensajes equívocos que impidieron la confianza total de los colombianos, como lo demostró la derrota del plebiscito aprobatorio del 2 de octubre de 2015 que buscaba refrendarlo. A pesar de ello, fue un paso enorme para demostrar que sí era posible en Colombia terminar con un conflicto que ya formaba parte del paisaje nacional aunque causaba un enorme daño diario, medido en vidas humanas, en atraso y en miseria.

Por ello, la comunidad internacional miró con simpatía un esfuerzo que parecía admirable, terminar de manera pacífica con cincuenta años de violencia de las Farc. Sin embargo, dentro de los colombianos fue notoria la apatía y el escepticismo ante las debilidades evidentes del Estado para cumplir los enormes compromisos que adquirió y, sobre todo, ante su impotencia ya demostrada para copar los espacios que quedaban libres de la presencia armada de la guerrilla más grande de su historia.

Hoy, el presente de ese acuerdo está plagado de situaciones complejas y de debates que aumentan las dudas. Pero nadie puede negar que fue un triunfo el ver que se terminaba con una organización armada causante de los peores momentos de Colombia, la manera en que se desarmaban sus integrantes y el compromiso que hasta ahora han mostrado la inmensa mayoría de sus integrantes, empezando por su jefe máximo y casi toda la cúpula de su dirigencia.

Ese es el gran activo de todo este proceso. Quedan puntos por resolver, y amenazas que, como el narcotráfico y el crecimiento de la delincuencia común se potencializaron en la época en que se negociaba el acuerdo y hoy alimentan conflictos de todo orden y tamaño con organizaciones delincuenciales que han copado el espacio dejado por las Farc, incluyendo sus disidencias.

En ese orden de ideas, lo que sigue es defender ese activo y continuar buscando vías para que el progreso de la paz que se ha alcanzado no tenga marcha atrás. Para que se reconozca que no puede haber impunidad, en especial para los crímenes de lesa humanidad y que las víctimas, en primer lugar la sociedad colombiana, sean resarcidas. Y para que se reafirme la voluntad de permitir a los integrantes de las Farc el reintegro a la sociedad siempre y cuando exista arrepentimiento y compromiso de no repetir las fechorías.

En eso consiste una solución negociada, que en ocasiones anteriores produjo beneficios indudables. Es el momento para dejar de lado las eternas polémicas jurídicas, dedicar el esfuerzo a asegurar que ya no hay reversa para que el Estado cumpla su deber de asegurar la paz, la concordia y la seguridad a la Nación.
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