La barbarie no es protesta

Catorce miembros de la Policía, ocho gestores de convivencia enviados por la alcaldía de Bogotá para aplacar los ánimos y cinco ciudadanos del común fue el saldo triste de la protesta ocurrida el pasado miércoles en la Capital de la República. Y en el Dovio, 200 integrantes de la comunidad Embera se tomaron la alcaldía para exigir que se atiendan sus reclamos.

Aunque son hechos que pudieran enmarcarse dentro del derecho a la protesta social que tienen los ciudadanos, las características de los ataques desbordan los límites legales para convertirse en actos vandálicos que amenazan a toda la sociedad y desnaturalizan una de las conquistas democráticas más importantes de Colombia.

Sin duda, la comunidad Embera llegó a Bogotá a reclamar atención a las malas condiciones sociales y de todo orden que padecen sus integrantes. Ya lo habían hecho durante los dos años que se habían tomado el Parque Nacional, siendo tratados con todo el respeto a pesar de los daños que causaron, y habiendo alcanzado un acuerdo con las autoridades nacionales para atender sus peticiones.

Pero eso no los autoriza para ir a esa ciudad y tratar de tomarse por la fuerza un edificio, poniendo en peligro la integridad de más de mil personas que nada tienen que ver con los problemas de esa comunidad, ni con el cumplimiento de los pactos. Y mucho menos, para responder de manera salvaje a los gestores de convivencia desarmados que se supone facilitan las soluciones y a la policía que llegó para restablecer el orden.
Allí están los videos y los documentos que muestran el ataque despiadado contra personas que, como la auxiliar de policía Íngrid García, trataban de poner a salvo a decenas de mujeres, niños y hombres que estaban en riesgo.

Y en el municipio vallecaucano de El Dovio, las cosas son similares. Doscientos integrantes de la comunidad que habita el cañón del río Garrapatas llegaron a la cabecera municipal para exigirle al gobierno nacional la atención a sus demandas justas de obras y servicios que vienen reclamando hace años. La pregunta es si era necesario tomarse la alcaldía y amenazar con el desplazamiento de más de mil personas pertenecientes a la misma etnia, lo que impide de manera ilegal y violenta el funcionamiento de la administración local.

A eso no puede llegar la protesta social, y quienes utilizan esos métodos la convierten en desafíos inaceptables a la ley que promueven la violencia y obligan a la intervención de la Fuerza Pública. Y al atacar a los integrantes de la Policía que deben cumplir su deber de rescatar el orden, están generando el desconcierto y el rechazo de la sociedad, en lugar de recibir el respaldo que supuestamente buscan con sus movilizaciones.

Esa no es la manera de ejercer los derechos ciudadanos, salvo, claro está, que la intención sea causar daño y retar a las autoridades, además de dejar una estela de heridos y lesionados. La protesta que reconoce la democracia nunca puede implicar el desconocimiento de la ley y el ataque contra la sociedad, sus autoridades y la conciencia que debe existir entre los colombianos.