La amenaza de las invasiones

Centenares de invasiones se están presentando en varias regiones de Colombia, amenazando derechos adquiridos con justo título, generando conflictos de todo orden y poniendo en duda la vigencia de las leyes y el papel de las autoridades en su obligación de defenderla. Es hora de que los colombianos sepan a qué atenerse y qué van a hacer los gobernantes para detener la oleada de actos ilícitos que amenazan la concordia nacional.

El caso más protuberante se está presentado en el norte del departamento del Cauca, donde dirigentes de las comunidades indígenas llevan más de una década usurpando propiedades privadas bajo el pretexto de recuperar territorios ancestrales y de la madre tierra. Hoy hay más de 5000 hectáreas invadidas, y los damnificados incluyen comunidades afrocolombianas, campesinos que poseen fincas de pequeña y mediana extensión así como haciendas e ingenios que desarrollan agricultura extensiva y actividades industriales.

Esa amplia gama de personas y empresas generan miles de empleos, además de ejercer su derecho a ser propietarios de tierra como cualquier colombiano y sin importar su raza. Ahora, sus derechos son atacados, mientras el Gobierno Nacional apenas ofrece mesas de diálogo como solución a los múltiples conflictos que se están presentando a diario, afectando a siete municipios con vocación agrícola.
Igual está ocurriendo en el Huila, donde los ocupantes bautizaron con el nombre del presidente de la República la invasión. O en el Valle, donde se han presentado hechos similares promovidos por personas que, según dicen, están protegidas por la oferta del entonces candidato de entregarles tierra. Y más preocupante aún es la oleada de movilizaciones que se han presentado en Antioquia, Magdalena, Córdoba y Cesar.

Frente a esos hechos, la labor de la Policía Nacional se desvanece debido a la cantidad de frentes que se han abierto, obligando a la dispersión de sus efectivos que, además, ahora solo pueden proceder como apaciguadores, evitando cualquier ataque contra quienes están actuando por fuera de la Ley. Entre tanto, la gente pregunta dónde está el Ejército Nacional que debe trabajar para garantizar el orden y la vida, y para impedir lo que puede culminar en hechos de orden público.

La situación es grave y puede empeorar en la medida en que el Gobierno Nacional no actúe para proteger los derechos de los ciudadanos. Si bien algunos de sus ministros han rechazado las invasiones, hoy brilla por su ausencia la voz del Ministro de Defensa, quien debe responder ante el país por la actuación de la Fuerza Pública a su cargo.

Y, por supuesto, falta la voz del presidente Gustavo Petro frente a un fenómeno que ha venido creciendo desde su llegada al poder y puede ser fuente de confrontación entre colombianos si el Gobierno Nacional mantiene una posición ambivalente sobre lo que está sucediendo. Las invasiones son una amenaza a la concordia nacional y será difícil lograr la Paz Total si se permite que los derechos legítimos sigan siendo desconocidos por los invasores o se transen en mesas de negociaciones de carácter político.