Justicia para la Justicia

Parece increíble que en una ciudad de casi tres millones de habitantes, afectada por la violencia y la criminalidad, los jueces sean más escasos que en todo el territorio nacional. Y que sus problemas, conocidos hace muchos años, no tengan la solución que merecen.

La semana pasada se registró una marcha de los funcionarios de la rama judicial exigiendo lo más elemental: seguridad en el Palacio de Justicia. En ese edificio está ni más ni menos que el cerebro de la lucha contra la delincuencia en la región, y a diario llegan miles de personas para realizar las diligencias del caso ante la rama judicial, además de que se llevan los procesos contra los acusados por delitos muchos de ellos de gravedad extrema.

Pero solo tienen como vigilancia permanente a dos patrulleros, debido a que, según se ha sabido, aún no se ha negociado la renovación del convenio para restablecer el 90% de los servicios de policía. Es decir, no importa la desprotección de uno de los lugares más delicados de la ciudad donde se resuelve a diario la situación de centenares de procesos penales, civiles o comerciales. Lo que parece tener prioridad es el cumplimiento de un trámite burocrático entre entidades del Estado que nada tiene que ver con la obligación de resguardar la justicia de cualquier ataque.

Con ello se conoció también las precarias condiciones que tienen muchos de los despachos judiciales. Oficinas hacinadas, falta de aires acondicionados en una edificación cerrada, deficiencias en los servicios tecnológicos y de comunicaciones que contradicen los anuncios sobre la supuesta digitalización de uno de los servicios públicos más importantes para mantener la concordia en la sociedad y para combatir el crimen que acecha en Cali y el Valle.

Nada mejor que una estadística para demostrar la forma en que la región padece el abandono de quienes tienen a su cargo la administración de justicia y la dotación de recursos para ese fin: mientras en Colombia hay
10, 8 jueces por cada 100.000 habitantes, cifra bien precaria, en Cali hay solo 8,1. Y solo existen 70 fiscales para atender una de las regiones con mayor incidencia de delitos en todo el país. El resultado es una congestión que, según fuentes consultadas lleva a que el atraso judicial llegue a los doce años.

Eso no es la justicia que necesitan Cali y el Valle. Hace ya doce años se anunció la construcción del Edifico para la Fiscalía, se compró el lote y se descubrió la primera piedra. Han pasado y tres presidentes de la República, cuatro Fiscales de la nación y el lote sigue siendo un bien abandonado, a la espera de que se cumplan los compromisos adquiridos con los caleños: dotar de una sede decente y adecuada a la institución que se encarga de perseguir el crimen.

Con razón más que justificada, los funcionarios de la rama judicial en la capital vallecaucana están reclamando atención para la justicia en la región. Ojalá, dentro de las innumerables reformas que se anuncian en Colombia aparezca alguna que le dé prioridad a la solución de los graves problemas por los que atraviesa la rama judicial en Cali.