Justicia en crisis

"De no hacerse los cambios, la crisis de la Justicia llevará a una situación peor, porque nuestra nación, que se precia de ser un Estado de Derecho da el mal ejemplo al desconocer la ley y convertirla en rey de burlas".

El 2014 ha sido un año nefasto para la Justicia en Colombia. Marcado por el paro que aún afecta al servicio público más importante del país, los escándalos protagonizados por miembros de las Altas Cortes y la más alarmante impunidad, son los ciudadanos quienes padecen las consecuencias, además de la sensación de falla creciente en una de las tres ramas del poder público.Hoy comienzan las vacaciones de la rama judicial, en medio de un paro que completa 70 días e inexplicablemente nadie solicita que se declare ilegal pese a que viola la Constitución por negar el acceso a la justicia. Por ello, lo que existe es un pulso entre un sindicato que representa sólo a una parte de los funcionarios y un Estado que se niega a actuar como corresponde.Por supuesto, debe reconocerse que la inmensa mayoría de los funcionarios, investigadores y jueces están comprometidos con su misión. Pero mientras ellos están en desacuerdo con el paro, los colombianos padecen los abusos de una pequeña minoría. Hay 120.065 procesos detenidos, 23.370 audiencias sin realizarse y pérdidas por $98.452 millones. Todo ello se traduce en descrédito de un Estado que proclama el respeto a la ley como instrumento necesario para construir una sociedad en paz y justa.Pero el paro es sólo uno de los males que afecta a la Justicia. También están los escándalos de magistrados como los protagonizados por Francisco Ricaurte y Pedro Munar, a quienes se les anuló su elección en el Consejo Superior de la Judicatura por utilizar la figura del ‘yo te elijo, tú me eliges’. O el del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda, quien dispuso en forma ilegal de un bien público puesto a su servicio, para entregarlo a un hijo. Lo cual causó indignación pública y aún no tiene respuesta satisfactoria.Ni la Corte Constitucional estuvo libre del escándalo cuando el magistrado Alberto Rojas Ríos se aferró a su cargo, al que llegó precedido de denuncias por apropiarse de la indemnización de una viuda y evasión de impuestos. Rojas Ríos recurrió a todas las instancias para quedarse en su cargo pese al fallo del Consejo de Estado que anulaba su elección, viciada porque el voto fue público. Y el 97% de los procesos penales no tienen sentencia, detenidos como si no tuvieran dolientes o fallados desconociendo los principios básicos del ordenamiento jurídico. Todo eso hace del 2014 un año nefasto para la Justicia. Pero de nuevo, las promesas de realizar transformaciones se quedaron en el camino, porque ni en los administradores de la Justicia ni en el gobierno y en la dirigencia política parece existir conciencia sobre la necesidad de hacer un acuerdo nacional que rescate de la incertidumbre creciente el que es el primer servicio público en cualquier sociedad civilizada.De no hacerse los cambios, la crisis de la Justicia llevará a una situación peor, porque nuestra nación, que se precia de ser un Estado de Derecho da el mal ejemplo al desconocer la ley y convertirla en rey de burlas.