Intromisión indebida

Intromisión indebida
Por segunda vez en dos meses, el gobierno de Perú envía una nota de protesta a la embajada de Colombia y el Parlamento de ese país establece una moción de censura por lo que considera intromisiones del presidente Gustavo Petro en sus asuntos internos. Están por verse los efectos que tendrá esa injerencia en las relaciones entre dos países, vecinos y aliados importantes.

Perú completa siete semanas de caos social debido a las protestas violentas que se presentan en sus principales ciudades, a los bloqueos de las carreteras y a los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los manifestantes. El detonante fue el intento del entonces presidente Pedro Castillo de dar un autogolpe al cerrar el Parlamento, que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, lo que conllevó a su destitución y detención así como a la designación de Dina Boluarte en su reemplazo.

Al rechazo de los seguidores de Castillo, un profesor de extrema izquierda que para sorpresa de muchos se hizo al poder en julio del 2021, se sumó la demora de la nueva mandataria en determinar la fecha para llamar a nuevas elecciones. El descontento no ha parado desde entonces, las manifestaciones en las provincias se trasladaron a la capital y en medio de las confrontaciones van 46 personas muertas.

Desde el momento de la destitución, el Mandatario colombiano enarboló la bandera de la defensa de Castillo, junto a los presidentes de México y Bolivia, y exigió entonces –como lo hizo ayer en la Cumbre de la Celac-, la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

En su alocución en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en Buenos Aires, Petro pregunto, “¿por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos, por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?”. Tres días atrás había arremetido en un trino contra el ingreso de la Policía a la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, de donde se sacó a la fuerza a centenares de manifestantes y se encarceló a 143 de ellos, que posteriormente fueron liberados.

Sin desconocer la preocupación por la crisis política e institucional que atraviesa Perú, la más grave en los últimos 40 años aunque no la única si se tiene en cuenta que ninguno de sus últimos seis presidentes ha terminado el mandato, así como la necesidad de alzar la voz para que se respeten los Derechos Humanos, las declaraciones de Gustavo Petro han sido desde el principio una clara e indebida injerencia en los asuntos internos de esa nación. Por ello se entienden las notas de protesta del gobierno de Dina Boularte y del Parlamento peruano contra el mandatario colombiano.

Más que intervenciones incendiarias, los gobiernos de América Latina, incluido el de Colombia, deben prestar sus buenos oficios para que en Perú se llegue a un gran consenso nacional y democrático en el menor tiempo posible, que permita restablecer el orden y poner fin a una crisis que ya tiene graves consecuencias para la estabilidad del país suramericano. En ello debe empeñarse el presidente Gustavo Petro, por lo cual debe cesar sus intromisiones, que generan conflicto entre dos naciones amigas y aliadas.